Hace un par de meses, en este mismo espacio remarcábamos la preocupación ante la agenda legislativa del nuevo congreso federal, que se tocaran aspectos torales relacionados con la reforma educativa.
La promesa era derrumbarla desde que iniciara el nuevo gobierno, sin embargo estos meses estuvieron sondeando, qué tanto la CNTE transitaría dejando las cosas como están, a lo que la misma CNTE interpretó como una traición a un compromiso basado en su apoyo electoral, lo que fue desencadenando una trama de marchas y plantones, que todos conocemos.
Fue así que el Gobierno de México y el Congreso Federal (al menos en una de sus cámaras) fueron presionados y doblegados para que en los textos finales del dictamen de reforma educativa a votación, por mandato constitucional, se eliminaran aspectos tan trascendentes para la política educativa como lo son: quitar la evaluación de maestros como mecanismo para la mejora continua; eliminar la autonomía constitucional del INEE como institución garante de independencia a las decisiones políticas de la SEP o de intereses sindicales y por último -no menos importante- devolverle el control de las plazas magisteriales a los sindicatos.
La minuta que fuera aprobada por los diputados federales, fue enviada al Senado para su sanción legislativa y la historia, la conocemos todos… les salieron mal las cuentas senatoriales y no se pudo aprobar esta reforma por un voto, por lo que fue clausurado el periodo de sesiones y el asunto quedó en puntos suspensivos. Hubo regaños, festejos, reclamos, aplausos y hasta disculpas.
El tema es el fondo de la reforma y sus implicaciones; el debate se ha trasladado al jaloneo sindical y al manejo del presupuesto educativo; nada más ofensivo y frívolo cuando estamos hablando del futuro de México: la educación de las niñas y niños. Lejos ha quedado la necesidad de empoderamiento a los padres de familia y su participación directa en la educación de sus hijos.
¿Dónde quedó el mérito como valor objetivo para estar frente a un salón de clases? ¡Fuera de cualquier consideración! La intención ahora, es que no sean evaluados los maestros y que sean directrices políticas y/o gremiales, las que decidan quien puede y debe ser maestro. Nada más regresivo que eso.
Esperemos que esta semana, ya que los legisladores federales han aprobado ir a un periodo extraordinario donde obviamente (y con regaño de por medio) estará agendada la reforma educativa, exista altura de miras en los legisladores opositores; que aunque los votos no les alcancen, tengan el valor para defender y votar por todo aquello que beneficie a los maestros directamente en su misión de enseñanza a la niñez mexicana.
Cuando hablamos de altura de miras, llamamos también a la sensatez legislativa de no aprobar una reforma que nos lleve a la regresión que estaría generando dar marcha atrás a triunfos legales de padres de familia y de maestros que con la reforma educativa peñista, rompieron los atavismos sindicales y se les transfirió a ellos mismos, el poder de una participación activa en la construcción de políticas públicas -hasta de infraestructura- como actores decisivos en cada comunidad, en cada escuela.
Esta semana puede ser muy triste para la educación pública de nuestro país; una reforma educativa progresista era aquella que consolidara el avance de un sistema educativo de calidad en beneficio de niñas y niños, no estar hablando de sindicatos, plazas y manejo de nóminas magisteriales.
Llevamos semanas secuestrados por el antidebate educativo y en esas circunstancias de ausente discusión seria y profunda en el congreso, nuestra democracia siempre pierde.
Por: Guillermo Amerena Betancourt / amerenaguillermo@gmail.com