Una acusación muy grave está haciendo la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, quien informó en conferencia de prensa que detectó más de 50 informes de resultados de cuentas públicas municipales y estatales emitidos por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que fueron archivados en algunos casos desde hace 17 años, a pesar de que eran elementos probatorios de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, lo que es verdaderamente grave y va en contra de la transparencia a la que están obligados todos los servidores públicos.
Rosalina Mazari Espín, presidenta del órgano legislativo y diputada priista, informó que en los próximos días se darán a conocer dichos informes, que fueron ocultados por los ex legisladores sin ninguna justificación legal, y que más bien se trata de una prueba de omisión y responsabilidad legal. Esperamos que se hagan las denuncias correspondientes y no quede como todas las noticias de escándalos y robos, de las cuales hemos tenido en este año al menos dos al mes, pero a la fecha no se ha hecho justicia con ninguna.
De acuerdo con la legisladora, todos estos informes ya fenecieron y, por tal, no serían elemento para deslindar responsabilidades por el presunto mal uso de los recursos públicos, ya que se trata de cuentas públicas del 2002, 2003 y algunas más recientes del 2012; en lo que tiene razón, pero los ex legisladores sí tienen responsabilidad al haber ocultado dicha información.
La situación es tan delicada que la diputada reveló que algunos informes desaparecieron, como es el caso de una cuenta pública correspondiente al gobierno de Rogelio Sánchez Gatica en Cuernavaca.
“Viene heredado de la legislatura anterior y, lamentablemente, aunque hagamos estas observaciones ya no tendría ningún efecto de carácter legal. Son cuentas públicas de mucho rezago y no sabemos por qué. Queremos dejar de manifiesto que hubo algunas irregularidades que se pudieron cometer”, informó.
Lo interesante sería que se estudiara legalmente quiénes pueden ser sujetos de esta responsabilidad después de tantos años; y si no, al menos hacer del conocimiento de la ciudadanía, con nombres y apellidos, quiénes fueron los que dejaron de cumplir con su función legal, para que sean señalados por la opinión pública.
La legisladora priista señaló que tales informes se encontraron debido a una revisión que se inició por el trabajo de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y al cual se le hicieron observaciones, pues se omitieron irregularidades que pudieron ser causa de un delito, por lo que es importante que todos conozcamos quiénes son responsables de este delito y quiénes de la omisión; y de esta manera, si ya no se puede hacer legalmente la aplicación de la ley, hacer del conocimiento público quiénes fueron los responsables de que los delitos cometidos quedaran impunes.
Señala la diputada que: “En algunos municipios encontramos impacto presupuestal, que no hubo claridad en el ejercicio de los recursos para lo que ellos comentaron que se utilizó”.
Lo que no debe extrañarnos ya que la Comisión de Hacienda se utilizaba para negociar con los partidos políticos; la impunidad de sus miembros es y ha sido parte de la corrupción que los morelenses tenemos años de soportar, pues los ex diputados en su mayoría servían a un partido que los postuló y no a los ciudadanos que los eligieron.
Las cuentas públicas han sido por costumbre una moneda de cambio entre los diferentes miembros de los partidos políticos, que se protegen entre ellos de una manera por demás cínica.
Mazari Espín fue muy clara al insistir en que la mayoría de dichos informes ya caducaron y sólo se aprobarán en el Pleno y se enviarán al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial” Tierra y Libertad”, para cumplir con lo que marca la ley, pero hay que considerar que los ciudadanos tenemos el derecho de saber quiénes y de qué manera se realizaron estas irregularidades, y quiénes de los ex legisladores o los presidentes municipales deberían de haber tenido un juicio debido a sus malos manejos económicos. Insisto: si ya no se puede legalmente hacer nada, al menos hay que darlo a conocer con toda claridad para que esos ex legisladores y ex funcionarios no vuelvan a hacer de las suyas al volverse a postular para un cargo público. Los ciudadanos debemos de conocer con claridad quiénes fueron los omisos o corruptos. ¿No cree usted?
El día de mañana a las cinco de la tarde no se pierda la exposición de Arte-Objeto que se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Indígena, con obras del arquitecto y cornista Miguel Ángel Betanzos. No se la pierda. Ahí nos veremos.
Teodoro Lavín León
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