La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó por primera vez que soldados del Ejército detengan migrantes en zonas militares designadas a lo largo de la frontera con México, bajo la política impulsada por el expresidente Donald Trump.
El fallo, emitido recientemente, permite operaciones en 260 millas (aproximadamente 418 km) de territorio entre Nuevo México y Texas, donde se declaró una extensión territorial militarista, ahora denominada “Área de Defensa Nacional”. Este cambio autoriza al personal activo del Departamento de Defensa a retener temporalmente a personas que crucen ilegalmente estas zonas, hasta que la Patrulla Fronteriza asuma su custodia.
El 3 de junio, tres migrantes fueron detenidos cerca de Santa Teresa, Nuevo México, marcando la primera intervención directa de tropas en estas áreas militares. Hasta ahora, las fuerzas armadas habían apoyado a la Patrulla Fronteriza solo con vigilancia e infraestructura, pero sin autoridad de detención.
La medida no requirió invocar la Ley de Insurrección (Insurrection Act), pues declarar las áreas como militarmente controladas permitió esquivar esa autorización legal. Además de detener personas, los soldados están facultados para realizar registros y control de multitudes dentro de estas franjas.
Pese a ello, surgen desafíos legales: algunas cortes en Nuevo México y Texas han desestimado cargos de intrusión cuando los detenidos alegan no haber sido informados sobre la naturaleza militar de la zona.
El Pentágono reporta que estas tropas han identificado cerca de 390 cruces irregulares en esas áreas controladas. La acción ocurre en medio de un despliegue militar más amplio: se estima que ya operan miles de soldados activos y guardias nacionales a lo largo de la frontera, con refuerzos regresados a ciudades como Los Ángeles para contener protestas por redadas migratorias.