Durante muchos años se ha buscado ir reformando las leyes electorales para darles resultados a los diferentes partidos políticos, y no podemos decir que estas modificaciones no se hayan hecho en beneficio, primordialmente, de quienes en este momento son los que están fuera del presupuesto.
Aquí un recuento de las principales reformas y el porqué de la molestia del régimen de la “cuarta transformación” en contra del árbitro electoral de una forma incomprensible, pues este árbitro es quien lo llevó al poder.
Las reformas electorales, constitucional de 2007 y legal de 2008, crearon un nuevo modelo de comunicación política, y establecieron las bases para sancionar a los servidores públicos que actuaran parcialmente o hicieran uso indebido de recursos públicos en los comicios. Esta reforma, hábilmente impulsada y negociada desde el Senado por Manlio Fabio Beltrones, fue aceptada sin chistar por el PAN; como dicen los abogados, “a confesión de parte relevo de pruebas”.
En la reforma electoral de 2014 se puso énfasis en mejorar los mecanismos de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, especialmente los de campaña; nuevamente se pretendió subsanar deficiencias y rutas de escape para la evasión del rebase de topes de gastos de campaña, sobre todo la presidencial, ajustando el tema del prorrateo de ese gasto entre todas las campañas. Sabemos que es un asunto inacabado, pero quienes deberían de definirlo son los propios partidos en el Congreso, pero siempre hay algo o alguien que no lo permite, por lo que la fiscalización cada día es más pesada, pero al mismo tiempo que existen todavía muchos lados por donde se puede evitar la propia fiscalización.
No podemos negar que existe en este momento una dura pelea entre el presidente y el propio INE, y en las tensiones de la actual coyuntura no podemos soslayar los hechos pasados como un ingrediente con sabor a resentimiento, aunque cada una de las partes ha puesto en el guiso del conflicto sus propios condimentos. Fue mayúsculo el disgusto presidencial, porque los consejeros y otros funcionarios del INE se ampararon en contra de la ley de austeridad que les disminuía el salario.
Y a esto hay que agregarle el antecedente de que ya en ocasiones anteriores el actual presidente participó y se quejó todo el tiempo de la institución. Recuerden, eso fue en ese momento en el que, discursivamente, el candidato derrotado y actual presidente hacía responsable al IFE del fraude electoral, y extendió esa narrativa a las elecciones de 2012; aunque con la detención de Emilio Lozoya salieron a flote indicios sobre financiamiento ilegal de la campaña presidencial del PRI. De confirmarse que los sobornos de Odebrecht fluyeron a esa campaña, las denuncias de fraude de López Obrador adquirirán un alto grado de credibilidad.
Pero en este momento es innecesario entrar al debate sobre quién tiene la razón, debido a que lo sustancial es que en un país democrático los ciudadanos tienen derecho a impugnar acciones de las autoridades si consideran que sus derechos han sido vulnerados. Al ampararse, eso hicieron los consejeros; en este tema, el reclamo es contra los Poderes Legislativo y Judicial que no lo resuelven idóneamente.
Otra de las razones del ataque es el alto costo de la organización de las elecciones que, enfocado erróneamente, se ha convertido en un asunto controvertido. El presidente ha centrado el cuestionamiento en los altos salarios de los consejeros, cuando el impacto presupuestal de éstos no es significativo, pero es redituable el golpeteo mediático por ese flanco, aunque desde el INE no se han preocupado por buscar mecanismos de disminución del costo de las elecciones sin menoscabo de su calidad. El esfuerzo inicial, en 2015, con la creación de la Comisión de Modernización, fue dejado en el olvido a partir de 2017. Ahorrar muchos millones es posible, pero estos consejeros están arriba del barco y creen que son inamovibles.
El episodio que molestó mucho al ejecutivo fue el acuerdo del INE (15 de enero) sobre la prohibición de trasmitir las conferencias mañaneras, revocado por el Tribunal, que suscitó el enojo presidencial y la descalificación de la autoridad por pretender callarlo. Pero el mismo Tribunal, en su sesión del 31 de marzo, resolvió que las conferencias pueden continuar, sólo que absteniéndose de realizar propaganda gubernamental o información que incida en las preferencias electorales, y además sugirió que no se trasmitieran íntegras; en este caso la respuesta presidencial, hasta el momento, ha sido el silencio.
Otro nuevo episodio que trajo un roce más fue la aprobación de los lineamientos para la asignación de diputados de representación proporcional, con el fin de evitar la sobrerrepresentación al margen de las disposiciones constitucionales. Dichas disposiciones son añejas y con dedicatoria, pues se establecieron con el fin de evitar la sobrerrepresentación del PRI. El error del INE en 2015 en la asignación de diputados, que le dio sobrerrepresentación al PRI, no fue impugnado; debido a eso no existe resolución jurisdiccional que sirva de antecedente. Lo delicado fue persistir en el error en 2018. En este tema, la autoridad electoral está subsanando un yerro para que la distribución de diputaciones de representación proporcional se realice respetando la normatividad constitucional.
Y el último incidente que desató la guerra ha sido el retiro de algunas candidaturas a miembros de Morena; las más relevantes son las de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente. En este asunto la ley es dura, pero es clara: la no entrega de los informes de precampaña implica la cancelación del registro de la candidatura.
El ejecutivo y su partido creen que, porque tienen el poder, les es posible no hacer caso de la ley, pero la autoridad electoral tiene que cumplir con su deber y en eso tienen razón, por lo que las cosas están que arden y el golpeteo seguirá. En lo personal, no soy fan de esos consejeros nacionales que se me hacen ineptos e irresponsables, combinados con un exceso de soberbia.
La situación está delicada y el golpeteo seguirá hasta después del 6 de junio. Y si Morena pierde, se pondrá peor. Así que hay que analizar para no caer en creer en mentiras. ¿No cree usted?
Por Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin