En un fallo judicial que marca un hito en la historia legal de Coahuila, Estela Guadalupe "N", una doctora originaria de Saltillo, ha sido vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria. Este caso, el primero en la entidad y el segundo a nivel nacional después de un precedente en Aguascalientes, ha generado un intenso debate sobre la aplicación de la ley en conflictos familiares, la perspectiva de género y la protección de los menores.
La violencia vicaria, un término que ha ganado relevancia en los últimos años, se refiere al uso de hijos o personas dependientes como instrumento para infligir daño emocional a la expareja.
En Coahuila, esta figura fue incorporada al Código Penal en 2023, específicamente en el artículo 251, y conlleva penas de seis meses a seis años de prisión, además de posibles pérdidas de derechos parentales como la patria potestad o el régimen de visitas. Este caso pone en el centro del escrutinio cómo se aplica esta ley en un contexto donde tradicionalmente se asocia la violencia vicaria con agresiones de género contra mujeres, pero aquí se invierte el rol.
Antecedentes del conflicto familiar: De la separación a la denuncia
Estela Guadalupe "N y Johnny Emmanuel Robles, ambos médicos de profesión, mantienen un litigio por la custodia de sus dos hijos menores desde su separación. Según fuentes judiciales, el conflicto escaló cuando Estela presuntamente trasladó a los niños a Colima, donde reside actualmente, impidiendo el contacto regular con su padre. Johnny, integrante del colectivo "Padres por la Verdad" –un grupo que aboga por los derechos de padres en disputas de custodia–, presentó la denuncia alegando que estas acciones constituían violencia vicaria, al utilizar a los hijos para causar sufrimiento emocional y romper el vínculo paterno-filial.
De acuerdo con reportes, Estela ha negado rotundamente las acusaciones, argumentando que su ex esposo es quien tiene antecedentes de violencia vicaria por haber sustraído previamente a los menores. En una entrevista, ella enfatizó: "Quien sí fue denunciado y tiene el antecedente por violencia vicaria es mi ex pareja al sustraer a los menores hijos". Además, asegura que sus hijos se encuentran en buen estado y que el proceso debe resolverse en beneficio de ellos, no como una herramienta de revancha.
El caso no es nuevo: meses atrás, un juez rechazó vincular a Estela por falta de elementos suficientes, pero la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) persistió, presentando nuevos datos de prueba que incluyen testimonios y evidencias de obstrucción parental.
La Audiencia Histórica: Más de Seis Horas de Debate en el Centro de Justicia de Saltillo
La audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el lunes 26 de enero de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, bajo el expediente 1249/2026. Duró más de seis horas y se realizó de manera privada para proteger la integridad de los menores involucrados. El juez de control consideró suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que alegaban un patrón sostenido de negación de convivencia y manipulación emocional.
Como medida cautelar inicial, se impuso el arraigo domiciliario (prisión preventiva en casa) en Saltillo, pero esta fue modificada posteriormente a presentación periódica mensual ante un juzgado en Colima. El juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que la audiencia de continuación está programada para finales de marzo de 2026.
Fuera del tribunal, el ambiente fue tenso: cerca de un centenar de personas se congregaron, incluyendo familiares de ambas partes. Por el lado de Johnny, miembros del colectivo "Padres por la Verdad" mostraron apoyo con pancartas exigiendo justicia para los padres separados. En contraste, Estela contó con el respaldo de la Fundación Luz y Esperanza, dirigida por Rosa María Salazar, el Obispo Emérito Raúl Vera López y colectivos religiosos.
Reacciones y Polémica: ¿Justicia o Misoginia Judicial?
El fallo ha dividido opiniones. Colectivos como "Padres por la Verdad" lo celebran como un avance en la equidad parental, argumentando que la violencia vicaria no debe ser exclusiva de un género. Sin embargo, colectivos feministas y defensores de derechos de las mujeres lo critican duramente, alegando una falta de perspectiva de género. Katia Rdz. Bejarano, activista contra la violencia vicaria, escribió en X: "Es una aberración lo que le hicieron a la mamá de Coahuila, Estela N. al vincularla a proceso por el delito de #ViolenciaVicaria, cuando esa violencia en ese Estado está mal legislada. La #violenciavicaria es violencia de género y las únicas víctimas son las mujeres y sus hijos".
Rosa María Salazar, de la Fundación Luz y Esperanza, calificó la medida cautelar como "excesiva y desproporcionada", influida por presión mediática y sin considerar el contexto de violencia previa. Exigió una aplicación integral de la perspectiva de género, señalando que en 20 años no se ha impuesto tal severidad a violentadores masculinos.
En redes sociales como X y Facebook, el hashtag #ViolenciaVicariaSaltillo ha acumulado miles de interacciones. Publicaciones de medios destacan el caso como "histórico", mientras que usuarios feministas llaman a acciones como la del colectivo "Madres Libres VV", que exigió al FGECoahuila detener la persecución y cambiar la medida cautelar. Otras reacciones incluyen llamados a reformar la ley en Coahuila para evitar que se use como arma en divorcios contenciosos. Expertos como el abogado Ricardo Torres Mendoza explican que la violencia vicaria puede involucrar a personas dependientes como adultos mayores o mascotas, ampliando su alcance más allá de los hijos.
Contexto Nacional: Violencia Vicaria en México y su Evolución Legal
Este es el segundo caso nacional donde una mujer es procesada por violencia vicaria, tras un precedente en Aguascalientes. En México, la figura se ha incorporado en varios estados desde 2021, impulsada por movimientos contra la violencia de género. Sin embargo, en Coahuila, las cifras de violencia familiar son alarmantes: en el primer año de gobierno de Manolo Jiménez, se reportaron altos índices de feminicidios y desapariciones, según colectivos locales.
Colectivas feministas en Torreón y otras ciudades de Coahuila han denunciado casos similares de falta de justicia, como la sustracción de una niña hace seis años, catalogada como violencia vicaria sin resolución.
Implicaciones y Futuro del Caso
La defensa de Estela prepara un amparo para impugnar la vinculación y la medida cautelar, argumentando falsedades y voluntariedad en su comparecencia. Si se confirma la sentencia, podría enfrentar hasta seis años de prisión y pérdida de derechos parentales. Este caso podría sentar precedentes para futuros litigios, equilibrando la protección infantil con la equidad de género.