La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos logró la vinculación a proceso de tres exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pertenecientes a la administración estatal 2012–2018, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Durante una audiencia celebrada el 2 de mayo en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, un juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal contra Einar Topiltzin “N”, exsecretario de Desarrollo Sustentable; José Iván “N”, ex subsecretario de Gestión Ambiental; y Noé “N”, exdirector general de Gestión Ambiental.
Los tres ex servidores públicos son señalados por omisiones graves en la operación y mantenimiento de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Xochitepec, a la cual se destinaron 39.5 millones de pesos del erario. La planta fue construida en 2016 como parte de la estrategia estatal de gestión de residuos sólidos, pero actualmente se encuentra abandonada y sin operar.
Según la carpeta de investigación, el entonces titular de la dependencia no cumplió con sus obligaciones de supervisión y administración de los programas ambientales, mientras que el ex subsecretario no aplicó ni evaluó los convenios correspondientes. Por su parte, el exdirector general no ejecutó acciones de vigilancia ni coordinación para garantizar el funcionamiento de la planta.
Las investigaciones también revelan que la instalación fue construida dentro de una zona de reserva natural sin autorización ambiental adecuada, lo que ocasionó daños al ecosistema de selva baja caducifolia. Asimismo, se detectaron deficiencias estructurales en la gestión del proyecto, como la ausencia de personal capacitado, protocolos operativos y mecanismos de control, lo que impidió que cumpliera su objetivo ecológico.
Este caso forma parte de las investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción ha impulsado en los últimos años respecto al presunto mal manejo de recursos y proyectos ambientales durante el sexenio encabezado por Graco Ramírez (2012–2018), periodo que ha sido objeto de múltiples señalamientos por irregularidades en obra pública, educación y medio ambiente.
Como medidas cautelares, los imputados deberán firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares, y se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Conforme al marco legal vigente, los imputados conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial.
Marcela García / marcela.garcia@diariodemorelos.com