Esta noche trascendió en redes sociales que un juez en Morelos liberó a Roberto “N”, acusado de matar a golpes al perrito Baileys, imponiendo como sanción la entrega de cuatro bultos de croquetas, lo que ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones protectoras de animales.
Este caso, ocurrido en Cuernavaca, ha desatado un debate sobre la aplicación de la ley en casos de crueldad animal y ha movilizado a la comunidad en busca de justicia.
Desarrollo del caso
El incidente tuvo lugar el 19 de junio de 2025 en la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca. Según reportes, Roberto “N” fue señalado como responsable de golpear brutalmente a Baileys, un perrito de tamaño mediano y carácter no agresivo, hasta causarle la muerte. El animal falleció mientras era trasladado a una veterinaria, según testimonios de activistas y vecinos.
La Fiscalía General del Estado de Morelos ejecutó una orden de aprehensión contra Roberto “N”, el 30 de junio de 2025, acusándolo de los delitos de maltrato y crueldad animal. La detención se llevó a cabo tras la recopilación de pruebas, incluyendo videos y fotografías difundidos en redes sociales, que documentaron la agresión. Organizaciones como Animal Héroes y Coalición por la Defensa Animal Morelos Justicia para Negrita se involucraron en el caso, exigiendo justicia y acompañando el proceso legal.
Decisión judicial y controversia
Recientemente, en una audiencia de vinculación a proceso, el juez habría decidido liberar a Roberto “N”, imponiendo como medida reparatoria la entrega de cuatro bultos de croquetas. Esta decisión ha sido interpretada como una “suspensión condicional del proceso”, una medida legal que permite evitar la prisión bajo ciertas condiciones, pero que en este caso ha sido vista como insuficiente y hasta sarcástica por la comunidad.
La indignación se ha intensificado debido a que, según la Ley Estatal de Fauna de Morelos, el maltrato animal está penado con entre 6 meses y 4 años de prisión, además de multas de 300 a 1,000 días de salario mínimo.
En caso de reincidencia, las penas pueden aumentar hasta en dos terceras partes, conforme al artículo 328 del código penal estatal. Sin embargo, la sanción impuesta al agresor de Baileys ha sido considerada una burla, especialmente por activistas como Vanessa Perbellini Soberanes, quien expresó: “Asesinar un perro en Morelos cuesta 4 bultos de croquetas”.
Reacciones en redes sociales y movilización ciudadana
El hashtag #JusticiaParaBaileys se ha viralizado en plataformas como Twitter (X), con miles de publicaciones exigiendo penas más severas. Usuarios han criticado la decisión judicial, señalando: “No más suspensión condicional con este tipo de gente. De nada sirve que la Fiscalía lo detenga si el juez lo deja ir a cambio de un bulto de croquetas. #JusticiaParaBaileys”. Otro usuario, expresó: “Eso no fue #JusticiaParaBaileys. ¿Quién fue el juez?”, reflejando la frustración y el deseo de identificar al responsable de la decisión.
La movilización no se limita a redes sociales. Colectivos y asociaciones protectoras de animales han denunciado que esta resolución minimiza la violencia contra los animales y han pedido una revisión del caso. Además, se han señalado antecedentes de violencia por parte de Roberto “N”, incluyendo el abandono del cuerpo de otro perro en vía pública y supuestos episodios de agresión hacia su madre, lo que refuerza la percepción de que representa un peligro para la sociedad.
Contexto legal y social
El caso de Baileys no es aislado en Morelos, donde los casos de maltrato animal han generado creciente atención. La Ley Estatal de Fauna, vigente en la entidad, busca proteger a los animales domésticos, pero activistas argumentan que su aplicación es inconsistente. En este contexto, la decisión del juez ha reactivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las penas y garantizar una justicia más rigurosa.
Perspectivas futuras
La comunidad espera que las autoridades revisen el caso y apliquen medidas más severas, mientras que las organizaciones animalistas planean continuar su presión para evitar la impunidad. Este caso podría marcar un punto de inflexión en la lucha por los derechos de los animales en Morelos, destacando la necesidad de una aplicación más efectiva de la ley y una mayor sensibilización social.