Si nos acostumbramos a la inseguridad, la batalla estará perdida. Pretender “normalizar” los hechos de violencia mediante declaraciones que evitan entrar a resolver el fondo del problema, con tan solo decir que “es un pleito entre bandas delincuenciales”, significa que seguimos por el nada efectivo camino de no tener una estrategia definida en lo local, para combatir la delincuencia organizada y los delitos del fueron común.
Escuchar la postura del Gobierno morelense, en este fin de semana que fuera sumamente violento, evade la oferta política que en campaña se comprometió, de devolverle paz y tranquilidad a los morelenses.
No es victimizando (como por cierto lo hacía el gobierno graquista) a quienes estén siendo afectados por la delincuencia, como la gente cambiará esa percepción de inseguridad; en las calles de los principales municipios se tiene de facto un toque de queda como síntoma inequivoco que las calles no son seguras.
En Morelos no hemos notado una estrategia seria; si normalizar aquellas zonas mapeadas como las más inseguras pasan por un fortalecimiento de la seguridad interna hasta por un mejoramiento de la coordinación entre autoridades estatales con las federales, eso solo lo tenemos en un lejano discurso para salir del paso y no en una realidad palpable.
La violencia no se detendrá con la detención de uno de los líderes, de uno de los grupos delincuenciales que disputan el poder delictivo, eso queda claro; el gobierno estatal está en deuda de generar una estrategia propia para combatir la delincuencia ordinaria que ha venido transformándose y al seguir creciendo, modifica su esquema delincuencial para generar mayor presencia y poderío en la entidad.
No tengamos duda que esta amenaza es hoy una realidad y tiene que corregirse; como podemos advertirlo, cualquier vicio que altera el cumplimiento de la legalidad es un espacio propicio para alentar la delincuencia y así lo están aprovechando.
Urgen para estos tiempos violentos, nuevos protocolos de seguridad, sistemas de inteligencia, capacitación, nuevos reclutamientos, entre muchos insumos formales que blinden a nuestros cuerpos policiacos y puedan tener resultados en materia de disminuir la incidencia delictiva y recobrar la confianza de la ciudadanía.
Estamos conscientes que a la crisis de seguridad también se sumó el mal manejo de los recursos púbicos en materia de seguridad estatal. ¿Dónde quedaron esos recursos? ¿Por qué no se ha sancionado a nadie del gobierno anterior? Pues resulta evidente que los millonarios recursos para combatir la inseguridad, nunca llegaron a su destino.
Todos aquellos recursos que, durante seis años se destinaron al FOSEG o al Mando Único Policial, siendo en parte recursos federales, deben ser auditables, sujetos a fiscalización y en su caso de detectarse un mal uso, fincar responsabilidades.
Así como no debemos acostumbrarnos a los tiempos violentos, tampoco debemos hacer costumbre que con el paso del tiempo se avale la impunidad de los funcionarios, que con sus negocios, disminuyeron la capacidad del gobierno para enfrentar a la criminalidad.
De poco servirán esfuerzos aislados; los tiempos violentos requieren una intervención de fondo y no declaraciones victimizadoras que más nos recuerdan, a los mismos errores del pasado.
Guillermo Amerena Betancourt
amerenaguillermo@gmail.com