BERRINCHE TARIFARIO. La reciente aprobación de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial ha desatado una previsible y airada reacción en los líderes del transporte público.
Lejos de buscar un diálogo constructivo o esperar una propuesta técnica del gobierno estatal, la postura se ha endurecido hasta el chantaje: exigen, de manera perentoria, un incremento de cinco pesos a la tarifa mínima con fecha límite del 26 de diciembre.
Esta exigencia, sin embargo, carece de sustento. No existe a la luz pública ningún estudio técnico o financiero que justifique la aplicación inmediata de una nueva tarifa mínima. La petición parece basarse únicamente en la presión y la inconformidad.
El problema central del sector se revela en su propia resistencia al cambio. Ante la urgencia de modernizar el parque vehicular, la respuesta de los líderes es escandalosamente simplista: argumentan que al ciudadano poco le importa si las unidades son de modelo reciente, solo que se les traslade.
Es cierto que los insumos han encarecido (gasolina, refacciones), lo cual impacta directamente los costos operativos.
Pero es igualmente cierto que gran parte de las ganancias no se reinvierte en el mantenimiento y la puesta a punto de las unidades, presentando un servicio que en muchas ocasiones es deficiente e inseguro.
Este sector opera bajo una lógica de subsistencia, no de desarrollo. Su actuar no refleja una visión empresarial que entienda sus compromisos con el usuario y con la ciudad, limitándose a presionar por ingresos sin ofrecer la contraparte de un servicio de calidad.