Jiutepec fue exhibido a nivel nacional por la falta de aplicación de la ley, luego de que en su Carnaval 2026 se permitió la venta de vapeadores —prohibidos en todo el país— a través de máquinas tipo tragamonedas que, por cinco pesos, ofrecían estos dispositivos como premio a personas de cualquier edad.
La práctica de las máquinas tipo tragamonedas generó críticas en medios nacionales y redes sociales, ya que las máquinas tenían una estructura similar a los juegos infantiles de peluches, con luces y colores llamativos, lo que facilitaba la participación de niños y adolescentes.
Esto ocurrió a pesar de que la reforma a la Ley General de Salud prohíbe de manera expresa la producción, comercialización, importación, exportación y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México.
De acuerdo con la legislación federal, la venta de estos dispositivos constituye un delito que puede ser sancionado con penas de uno a ocho años de prisión, además de multas que van de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La prohibición abarca cualquier sistema electrónico o mecánico destinado a vaporizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, incluidos los dispositivos desechables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el municipio de Jiutepec será sancionado por permitir la presencia de estas máquinas durante el Carnaval, pese a que el evento se realizó cuando la prohibición ya estaba plenamente en vigor.
SIN CONTROL EN ALCOHOL
La distribución de vapeadores no fue el único hecho que generó señalamientos, ya que durante el Carnaval también se permitió la venta de bebidas alcohólicas, a pesar de que el Gobierno del Estado había llamado a los municipios a regular esta actividad como medida de prevención.
Incluso, se observó que negocios vinculados directamente con familiares del alcalde —uno de su padre y otro de su hermano— comercializaron alcohol durante las festividades, lo que provocó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la prioridad otorgada al beneficio económico por encima de la seguridad y la prevención para la ciudadanía