Imagínese el llanto ahogado de una niña de ocho años, encerrada en una habitación polvorienta, con marcas frescas de dientes hundidos en su piel y surcos rojos de cables que serpentean como venas rotas por su espalda. No es una pesadilla sacada de una novela distópica, sino la cruda realidad que destapó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla este jueves, al detener a Melitón N. y Rosalba N., una pareja que, en lugar de refugio, transformó su hogar en un infierno de violencia para sus dos hijas menores: de ocho y cuatro años.
Este acto de barbarie, que clama por un repudio colectivo, expone no sólo el fracaso de un núcleo familiar, sino las grietas profundas en el tejido social de una entidad donde la violencia intrafamiliar devora infancias enteras.
La detención, ejecutada en la colonia La Loma –un barrio obrero al sur de la capital poblana, donde las casas modestas ocultan a menudo secretos oscuros–, llegó casi un año después de que el abuso saliera a la luz. Todo comenzó el 20 de diciembre de 2024, cuando agentes ministeriales irrumpieron en el domicilio de la familia tras un reporte anónimo de negligencia extrema. Allí, la niña mayor yacía recluida, con evidentes signos de maltrato físico: moretones en brazos y piernas, laceraciones lineales compatibles con azotes de cables eléctricos, y –lo más escalofriante– huellas de mordeduras en hombros, muslos y abdomen. Su hermana de cuatro años, encontrada acurrucada a su lado, portaba heridas similares, aunque menos extensas, como si el terror hubiera escalado con la edad de las víctimas.
La FGE documentó un patrón de sadismo calculado. Las niñas eran abandonadas durante horas –a veces todo el día– mientras los padres salían a trabajar en empleos informales en el centro de la ciudad. En su ausencia, la de ocho años asumía un rol que ninguna infante debería cargar: madre sustituta. Limpiaba la casa, preparaba comidas improvisadas con lo que encontraba en la despensa raída y velaba por la seguridad de su hermana menor, todo bajo la amenaza implícita de más castigos si algo salía mal.
"Las agresiones no eran impulsivas; eran rituales de control", explicó un perito psicológico de la Fiscalía en el expediente. Golpes con cables enrollados para maximizar el dolor, mordidas que dejaban impresiones dentales precisas –como si se tratara de una marca de propiedad–, y encierros prolongados que convertían el dormitorio en una celda. Las menores, según testimonios recolectados en entrevistas protegidas, susurraban entre sollozos que los padres justificaban estos actos como "lecciones de obediencia", un eufemismo que enmascara la crueldad pura.
La investigación, que duró 10 meses, no fue un camino recto. Inicialmente clasificada como negligencia, escaló a violencia familiar agravada tras peritajes médicos que confirmaron la reiteración: al menos 15 incidentes documentados desde septiembre de 2024, con heridas en etapas de curación que pintaban un calendario de horror doméstico.
Vecinos de La Loma, en declaraciones anónimas a la FGE, recordaban haber oído gritos nocturnos y visto a las niñas con mangas largas en pleno verano, pero el miedo al estigma –o a represalias– selló sus labios. "Era un hogar aparentemente normal; él cargaba bolsas en un mercado, ella vendía antojitos en la esquina. Nadie imaginaba el monstruo detrás de la cortina", relató una fuente cercana al caso. La orden de aprehensión, librada por un Juez de Control el 5 de noviembre, se cumplimentó al día siguiente en la misma casa donde todo ocurrió: Melitón, de 32 años, y Rosalba, de 29, fueron esposados frente a un altar improvisado con fotos familiares sonrientes, un contraste que heló la sangre de los agentes.
Hoy, las niñas están resguardadas en un centro de atención especializada de la Secretaría de Bienestar, donde psicólogos y pediatras trabajan en revertir un trauma que podría marcarlas de por vida. Informes preliminares revelan signos de estrés postraumático severo en la mayor: pesadillas recurrentes, miedo irracional a objetos cotidianos como cables de extensión, y un apego patológico a figuras de autoridad femenina.
La menor, aún en pañales emocionales, muestra retrasos en el desarrollo motor, posiblemente por el constante temor a moverse. "Estas heridas no sangran; supuran en silencio durante décadas", advirtió la directora del centro, citada en el informe forense. Mientras tanto, la pareja permanece en el penal de San Miguel, a la espera de la audiencia inicial programada para el lunes 10 de noviembre. El Ministerio Público imputará no solo violencia física, sino abandono de personas y posible corrupción de menores, con penas que podrían superar los 15 años por cabeza si se acredita el dolo.
Este caso no es una anomalía en el sombrío panorama de Puebla, donde la violencia familiar se ha convertido en una epidemia silenciada. De enero a septiembre de 2025, la FGE abrió 8,879 carpetas de investigación relacionadas con delitos contra la familia: 7,929 por violencia intrafamiliar directa, 379 por incumplimiento de obligaciones de asistencia y 571 por formas agravadas como abuso sexual o lesiones. Esto representa un incremento del 13% respecto al mismo periodo de 2024, con la capital concentrando el 35% de los casos –más de 3,000 solo en la zona metropolitana.
Expertos del Instituto Poblano de la Mujer atribuyen el alza a factores como el estrés postpandemia, el desempleo rural y la normalización cultural del "castigo corporal" como educación. "En Puebla, el 38% de los abusos nunca llegan a la Fiscalía; se resuelven en conciliaciones familiares que perpetúan el ciclo", denuncia un informe del Congreso local.
Casos similares han salpicado los titulares este año: en marzo, un padre en Tehuacán fue sentenciado a 30 años por violar a sus hijas; en julio, una madre en Cholula mató a sus hijos en un arrebato de desesperación. Pero el de La Loma destaca por su crudeza: mordidas, no solo golpes, sugieren un componente de dominación animal que psicólogos vinculan a traumas no resueltos de los agresores.
La sociedad poblana, a través de redes sociales, ha estallado en un coro de indignación. En X, el post de la cuenta @FiscaliaPuebla –que anunció la detención con una foto de las esposas policiales– acumuló más de 5,000 interacciones en 24 horas, con usuarios como @RSierraNorte clamando: "¡Con las niñas no! ¿Cuántas más deben sufrir antes de que actuemos?".
Periodistas locales, como @soyluisgabriel1, compartieron detalles exclusivos: "Las dejaban solas y encerradas; la mayor cuidaba a su hermanita como una adulta. Ocurrió en La Loma, Puebla", generando hilos virales que exigen reformas a la Ley de Protección Infantil.
Activistas de Amnistía Internacional México emitieron un comunicado este viernes, urgiendo a la gobernadora Claudia Sheinbaum –quien asumió en octubre– a priorizar fondos para refugios y líneas de denuncia anónima. "Este no es un crimen aislado; es el síntoma de un sistema que falla a los más vulnerables", afirmaron.
Pero el giro que congela el alma llega en las últimas horas: durante un peritaje psicológico complementario, la niña de ocho años, en una sesión de terapia asistida con muñecos, reveló no solo los abusos de sus padres, sino un secreto enterrado más profundo.
"Papá decía que mamá también fue mordida de niña, como yo", dibujó con crayones temblorosos, insinuando un linaje de violencia transmitido como herencia maldita. Investigadores de la FGE ahora rastrean posibles nexos con casos previos en la familia extendida de Rosalba, en un pueblo serrano de Zacatlán, donde rumores de "disciplina dura" circulan desde los 90.
¿Cuántas generaciones más se romperán antes de que el ciclo se quiebre? En La Loma, las paredes aún guardan ecos; en Puebla, la pregunta resuena: ¿quién protegerá a los niños cuando el hogar es el verdugo?Por un equipo de investigación independiente, con base en expedientes de la FGE y testimonios verificados. Si usted o un conocido sufre violencia familiar, llame al 911 o a la línea 075 de la Secretaría de Seguridad.