Organizaciones animalistas han decidido agotar todos los recursos legales disponibles tras la controvertida resolución judicial que permitió al agresor del perro Baileys —brutalmente asesinado a golpes— acceder a una suspensión condicional del proceso penal, a cambio de entregar únicamente cuatro bultos de croquetas como reparación del daño.
Las activistas, según expresaron en entrevista, exigen una sanción proporcional a la gravedad del delito, así como la prohibición definitiva para que el imputado, identificado como Roberto N., pueda volver a tener animales bajo su cuidado.
Vanesa Perbellini, activista y vocera del movimiento animalista en Morelos, confirmó en entrevista que ya fue presentada una apelación para que se revise la decisión del juez, al considerar que hubo inconsistencias legales y una minimización del daño causado.
“El juez está negado, negándome todo también. Bueno, digo, no voy a hablar del proceso, pero sí estamos presentando una apelación. Hoy, de hecho, vamos a llevar otro recurso al juzgado de Atlacholoaya. Y, pues, vamos a luchar hasta donde la ley nos lo permita”, declaró la activista.
Perbellini cuestionó severamente la reparación del daño impuesta al agresor, consistente en la entrega de cuatro bultos de croquetas, lo cual calificó como una medida desproporcionada e injusta ante la gravedad del crimen. “Cuatro bultos de croquetas no valen la vida de un animal”, afirmó.
Además, criticó con firmeza que el juez haya permitido que el imputado pueda volver a tener animales en tan solo un año. “Esa persona no debería volver a tener un animal en toda su vida. Si ya mató a uno a golpes, si hay pruebas de que golpeaba en otras ocasiones, eso es incongruente”, expresó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de violencia progresiva en personas que maltratan animales, recordó que el 93% de los asesinos seriales comenzaron así.
Los colectivos buscan visibilizar lo que consideran un proceso judicial deficiente, y señalaron su preocupación por la calidad de las reformas legales aprobadas recientemente en Morelos, que elevan las penas por maltrato animal hasta 15 años de prisión. Aunque la iniciativa ya fue aprobada, las activistas piden acceso al dictamen para revisar que esté bien redactada y contemple de forma clara la diferencia entre maltrato, negligencia y crueldad.
“Esperamos que con esta reforma se logren sentencias reales y, en algún momento, cárcel para los maltratadores de animales”, expresó Perbellini, quien reiteró que su lucha continuará tanto en los tribunales como en el Congreso del estado.
El caso de Baileys ha despertado una amplia reacción social en redes y medios, y ha iniciado un precedente legal sobre cómo se abordan los delitos de crueldad animal en Morelos.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com