Cuernavaca.- El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) recuerda a alcaldes electos que entrarán en funciones el 1 de enero que las demandas laborales de elementos de seguridad pública no tienen un tope y mientras no sean atendidas de manera oportuna, el pasivo laboral por laudos corre el riesgo de seguir aumentando.
En entrevista con Salvador Valora, en el noticiero radiofónico de La 99, el magistrado Joaquín Roque González Cerezo enumeró los resultados que el tribunal tuvo en el último año y el primero de su presidencia.
Sobre los asuntos que involucran a los municipios, refirió que ocho presidentes municipales fueron sancionados con la destitución del cargo.
“Algunos alcaldes, hay que reconocerlo, cumplieron y se les quitó (la sanción), se dejó sin efecto la destitución y la inhabilitación, otros más continúan”, dijo.
Agregó que los casos que siguen, se están litigando ahora ante juzgados federales y ante la Suprema Corte de Justicia, apuntó.
Roque González compartió que el mayor número de sanciones, que incluye multas económicas, fue para Puente de Ixtla, Cuautla, Amacuzac, Cuernavaca y Gobierno del Estado.
Apuntó que el incumplimiento del pago de laudos es un asunto que afecta a todos, porque hay municipios pequeños, como Amacuzac, que arrastran un pasivo laboral por laudos importante, que en algún momento tendrá que ser liquidado, cuando pudo haberse destinado a otro rubro de la inversión social.
Esto se debe, a que, explicó, los alcaldes deben tener en cuenta que los juicios laborales que promueven los trabajadores de seguridad pública, no tienen un tope máximo de salarios caídos, como ahora lo tienen los del ámbito administrativo o privado.
Si una demanda no es atendida, el monto a pagar podrá crecer y poner en riesgo al municipio y esto es lo que los nuevos alcaldes deben considerar y tener en cuenta, dijo.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ