Como era de esperarse, Beatriz Vicera Alatriste, después del pésimo papel que hizo como legisladora plurinominal -que llegó por el PRI, al que traicionó después de traicionar a Marisela Sánchez y a Maricela Velásquez que la tenían como segunda de abordo, para irse con Amado Orihuela al cual también le dio una patada y se pasó al PRD siendo la más servil de las lambisconas con el ya legendario Gayosso- fue formalmente imputada por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 23 millones de pesos, que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito, pero que al parecer acabaron en cuentas de empresas fantasmas.
Todo se puede esperar de alguien con ese historial, que es capaz de inventar historias increíbles con tal de llegar a su objetivo que siempre fue la Presidencia del Congreso y, desde luego, hizo todo lo indignamente posible para llegar. Y al llegar se sirvió con la cuchara grande bajo el manto protector de su nuevo jefe, del que todos sabemos de su deshonestidad en grado superlativo, por lo que ahora indiciada tendrá que responder a la justicia y regresar el dinero que es de todos los morelenses.
A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que siempre lo hace mal y no entendemos o no queremos entender a quién protege, informó que se realizó la audiencia de imputación y la juez de control a cargo de la causa penal JC/323/2019 resolvió lanzar como medida cautelar una alerta migratoria, para impedir que la imputada salga del país y le ordenó que cada 15 días acuda a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares, luego de que en una ocasión fue declarada sustraída de la justicia por no acudir a la audiencia.
Creemos que sería más importante que se congelaran sus cuentas, pues mientras goce de los millones que se llevó puede corromper a más de uno.
Además, la juez le prohibió acercarse a los diputados denunciantes y a los testigos, así como acudir a las instalaciones del Congreso de Morelos y del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado.
A Beatriz Vicera Alatriste se le acusó de la presunta desviación de 23 millones 760 mil pesos, producto de las aportaciones de los trabajadores del Legislativo al Instituto de Crédito, de los cuales 14.5 millones de pesos habrían sido depositados como “pagos” a cuentas de dos empresas fantasma durante su periodo como presidenta del Congreso local.
La FECC precisó que presentó ante la juez más de 70 pruebas que implican a la ex servidora pública en el presunto delito. En tanto que la defensa de la ex diputada solicitó a la juez 144 horas para la audiencia de vinculación, las cuales le fueron concedidas.
El pasado 9 de julio también fue vinculada a proceso la ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta, por la misma causa penal, ya que presuntamente distrajo más de nueve millones de pesos en beneficio propio y de terceras personas, entre ellos compañeros ex congresistas, durante los últimos días de la LIII Legislatura.
El saqueo del anterior Congreso que se realizó al erario público, fue verdaderamente de escándalo; nada más hay que recordar cómo entregaron “pensiones doradas” a gente que no sólo no tenía la edad reglamentaria, sino que además, como a todos nos consta, por primera vez en el sexenio pasado trabajaron en la administración pública.
Nada más de observar cómo cambiaron sus vidas, de ser gente sin recursos con una vida menos cómoda que la de cualquier ciudadano de la clase media, se convirtieron en millonarios en corto tiempo y se llenaron no sólo del dinero de los morelenses, sino de una soberbia que los hizo acabar con la ley en funciones de participación ciudadana para hacer desaparecer la revocación de mandato, que a la fecha no existe en Morelos cuando había sido un triunfo de la ciudadanía.
Además de las pensiones doradas a los lambiscones del régimen de Graco, se entregaron los recursos de manera total para que el ejecutivo pudiera disponer de ellos y de los inmuebles del gobierno sin el acuerdo del propio Congreso; deshicieron los fideicomisos y le entregaron a su jefe -el hijastro- los recursos de uno de los fideicomisos, para poderse repartirlos otros; cambiaron leyes, y desbarataron controles para llevar el buen funcionamiento, control y transparencia de los recursos públicos. En realidad son lo peor que ha existido en el estado, pero al parecer la fiscalía que hoy declara no da una y los morelenses estamos, como siempre, nada más esperando. ¿No cree usted?
Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com Twitter: @teolavin