El estado enfrenta un déficit de policías, con sólo mil 500 elementos activos, cuando se requieren al menos ocho mil para cubrir los 36 municipios. Este déficit alcanza un 79 por ciento, lo que agrava los retos de seguridad, especialmente en municipios como Huitzilac, donde apenas hay un policía por cada mil habitantes, muy por debajo del estándar de la ONU.
Además, el sistema de videovigilancia del C5 opera apenas al veinte por ciento de su capacidad por falta de inversión en los últimos años. Aunque se están instalando cámaras y modernizando la infraestructura, se estima que llevará entre siete y ocho meses alcanzar un nivel funcional adecuado. Paralelamente, se han iniciado patrullajes conjuntos con la Guardia Nacional y el Ejército en zonas estratégicas como Tequesquitengo, debido a la presencia de grupos criminales.
Por otro lado, se han registrado esfuerzos para mejorar la coordinación interinstitucional, como la colaboración con Capufe para instalar cámaras de seguridad y fortalecer el control en centros penitenciarios. Pero, estos avances aún no logran reducir significativamente la violencia ni el impacto de la delincuencia organizada.
En resumen, aunque existen iniciativas para mejorar la seguridad, el esfuerzo del nuevo gobierno estatal es importante con el aumento a la percepción económica de los salarios de los policías; sin embargo, el déficit de personal y recursos sigue siendo un obstáculo importante. ¿No cree usted?
Uno más de los pendientes que necesitamos solucionar los morelenses es la urgente modificación de la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Morelos, porque al no adecuarse a la ley federal está llegando a la obsolecencia. En un rápido análisis, podemos darnos cuenta de que no la conocemos; por lo tanto, nuestros derechos como ciudadanos los hemos dejado solamente en manos de los partidos políticos, que sólo la usan a su conveniencia.
Este análisis sencillo, nos permita a todos acceder a los beneficios de esta ley. La Ley de Participación Ciudadana es una normativa que promueve la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas y en la gestión gubernamental. Su objetivo principal es fortalecer la democracia directa y representativa, otorgando a los ciudadanos herramientas legales para influir en políticas públicas y proyectos que afectan sus comunidades. Puntos clave de la ley: Mecanismos de participación: Establece diversas formas en las que los ciudadanos pueden involucrarse, como:
Plebiscito: Consultar a la población sobre decisiones importantes.
Referéndum: Someter leyes o reformas a la aprobación o rechazo ciudadano.
Iniciativa popular: Permitir que los ciudadanos propongan leyes o reformas.
Consulta ciudadana: Recolectar opiniones sobre temas de interés público.
Presupuesto participativo: Incluir a los ciudadanos en la asignación de recursos públicos.
Revocación de mandato: Brindar la posibilidad de remover a un funcionario antes de que concluya su periodo.
Derechos ciudadanos: Garantiza el derecho de los habitantes a participar de manera directa en las decisiones que los afectan, fomentando la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.
Requisitos y procedimientos: Estipula los pasos necesarios para activar cada mecanismo, como el porcentaje mínimo de firmas requeridas para una iniciativa o plebiscito.
Transparencia y rendición de cuentas: Obliga a las autoridades a informar de manera clara y accesible sobre los procesos de participación y sus resultados.
Ámbito de aplicación: Aplica a todas las personas en el estado, y las consultas pueden abarcar temas municipales, estatales o regionales.
Análisis: La ley es una herramienta clave para fortalecer la democracia en Morelos, ya que fomenta la inclusión y da voz a los ciudadanos en asuntos de gobierno. Algunos desafíos comunes en su implementación son:
La baja participación ciudadana: Muchas personas desconocen estos derechos o no confían en que sus aportaciones sean tomadas en cuenta.
Falta de difusión: Las autoridades no siempre promueven estos mecanismos de manera adecuada.
Complejidad burocrática: Los requisitos pueden ser difíciles de cumplir, limitando el acceso real a los procesos.
En términos positivos, esta ley refleja un esfuerzo por equilibrar el poder entre gobierno y sociedad, permitiendo que los ciudadanos ejerzan un rol más activo en el desarrollo de sus comunidades.
Conozcámosla y busquemos hacer uso de ella. ¿No cree usted?
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