Un extraordinario trabajo de las universidades mexicanas acerca de la impunidad nos dicen lo siguiente:
El “Índice de Impunidad Global” (IGI) es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país.
La impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como lo es el homicidio. La impunidad tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
La impunidad debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada uno de los países.
Está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que preocupan al mundo y que están en el corazón de los mexicanos, como son el desarrollo humano, desigualdad y corrupción.
La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad.
Sí es necesario destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia. Sin embargo, es mucho más importante que estas instituciones funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos.
Vemos que la desigualdad sí es un indicador que está relacionado con la impunidad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo económico no están realizando una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población.
Los países que cuentan con niveles medios y altos de desarrollo humano también cuentan con niveles bajos de impunidad.
Se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el “Índice Global de Impunidad” por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
En 134 países con membresía en las Naciones Unidas no hay estadísticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada en materia de seguridad y justicia. A estos países los incluimos en un subconjunto llamado “impunidad estadística y problemas estructurales”. Algunos de estos Estados pueden incorporarse rápidamente al IGI si reportan a Naciones Unidas la información estadística de sus indicadores faltantes.
Los países que cuentan con una combinación adecuada de capacidad estructural de sus instituciones en seguridad y justicia, pero además son respetuosos de los derechos humanos, contarán con un índice de impunidad bajo. Estos son Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania, Serbia, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Andorra, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Estonia y Portugal.
Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia.
México y once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia) están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia.
Países emergentes como Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica, lamentablemente no están reportando de manera sistemática información a las Naciones Unidas en materia de seguridad y justicia, por lo que resulta muy difícil compararlos con el resto del mundo. Por lo anterior, se encuentran fuera del índice de medición.
La mayor parte de los países de África, Asia Central y Oceanía tienen un déficit estructural para medir estadísticamente la impunidad porque no reportan su información al sistema de Naciones Unidas en estas materias. La comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad para construir instituciones encargadas de sus estadísticas nacionales para afrontar la medición profesional y objetiva de la Agenda Post 2015 de las Naciones Unidas.
México, a través del INEGI, y la ONUDD deben seguir siendo líderes técnicos en materia de las estadísticas mundiales para poder medir los objetivos de Desarrollo Humano Sustentable de la Agenda Post 2015 de Naciones Unidas.
México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Sin embargo, ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del “Índice Global de Impunidad”.
México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Al respecto de la primera, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial.
El índice revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia, y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles. El IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México cuenta con sólo 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.
Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice permitió evidenciar su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el Índice retrata perfectamente los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México, 355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy pegada al promedio de la proporción de policías que es de 332 por cada 100 mil habitantes.
Las variables seleccionadas para medir la problemática de los Derechos Humanos tienen un impacto de 33% en el peso de la calificación de México. Sin embargo, medir y comparar a México en términos de Derechos Humanos no reduce el índice de impunidad para este país, puesto que sigue estando en los últimos lugares internacionales en el resto de las variables estudiadas.
El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació en esta administración pero se necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos. Así que estamos mal y hay que solucionarlo. ¿No cree usted?
Por: Teodoro Lavín León