Concesionarios del transporte público acudieron a los juzgados federales de Cuernavaca para promover amparos contra la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado, una norma que busca modernizar el servicio del transporte, marcado por el desorden, la competencia desleal y la falta de estándares mínimos para los usuarios.
La ley, publicada en noviembre de 2025 tras su aprobación en el Congreso local y un proceso de socialización con diversos sectores, obliga a dejar atrás el esquema de concesiones individuales para transitar hacia el modelo Ruta-Empresa. Este sistema propone la operación del transporte público mediante unidades de negocio estructuradas, con esquemas unificados de operación, financiamiento e infraestructura, orientados a la eficiencia, la seguridad vial y la mejora del servicio.
Entre los beneficios que plantea la nueva legislación se encuentran la eliminación de la competencia por el pasaje, la profesionalización de operadores, la obligación de contar con seguros para usuarios, protocolos contra el acoso y la violencia de género, así como programas de mantenimiento que garanticen unidades seguras y en condiciones óptimas. Además, establece planes de negocio y esquemas de pago que buscan dar estabilidad financiera al sistema y ordenar rutas y corredores.
Pese a ello, los concesionarios optaron por la vía legal. Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas, reconoció que los amparos son individuales y que el gremio no está preparado para cumplir con las nuevas obligaciones. La admisión deja en evidencia que la oposición no se centra en la viabilidad del modelo, sino en el impacto que tendría sobre intereses económicos construidos bajo el esquema “hombre-camión”.
Aunque la Coordinación General de Movilidad y Transporte ha señalado que la implementación será paulatina, los transportistas argumentan que los plazos legales los obligan a ampararse para evitar sanciones o la pérdida de concesiones. La reacción del sector refleja una resistencia a la modernización y a un modelo que prioriza el interés público, la seguridad y la calidad del servicio por encima de beneficios particulares.