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El rector promovió un recurso para evitar revelar el uso que la Universidad da a los recursos para el pago de nómina

A pesar de asegurar que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es la instancia pública más “auditada” y “transparente”, el rector Alejandro Vera Jiménez se niega a cumplir con la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales. 
      En un hecho inédito de un funcionario, promovió un amparo con el que pretende que la justicia federal lo “proteja” de dar a conocer a los ciudadanos el uso y destino que la Universidad da al presupuesto etiquetado para los salarios, sueldos y remuneraciones.
La semana pasada, el Juzgado Primero de Distrito notificó al Instituto Morelense de Información Pública (IMIPE) y a la Secretaría de Gobierno, del amparo en su contra y de la audiencia a la que sus representantes jurídicos deberán acudir el 16 de marzo, según el juicio de amparo 229/2016.
Vera Jiménez acusa al IMIPE de atentar contra sus “derechos” por haber modificado el artículo 30 de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y establecer que los sujetos obligados a cumplir la Ley en la materia deberán publicar en su página web el nombre completo de los empleados o servidores públicos que reciben un sueldo con cargo al erario.
En una interpretación a modo de la ley, el rector invoca varios artículos de la Constitución que, según su análisis, lo “protegen” de cumplir con la disposición.
Por ejemplo, señala que el artículo 16 establece que ningún ciudadano podrá ser “molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin la existencia de un mandamiento escrito de la autoridad, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Para no funcionarios
El Rector pasa por alto que el artículo protege a civiles y que para efectos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, está obligado a acatarla como servidor público.
También interpreta a conveniencia los preceptos de la Ley referida, al considerar que el nombre de los servidores públicos debe ser visto como un “dato personal”, perdiendo de vista que la protección de los datos personales también aplica sólo para civiles.
El representante de la Universidad dijo en el amparo que el 19 de enero se enteró que el IMIPE giró oficios a la UAEM, y a todos los organismos públicos, para notificarles de la entrada en vigor de la reforma a los Lineamientos y de su obligación de publicar en sus páginas de transparencia “el documento en el que conste el sueldo de todo el personal, así como el tabulador”, con la advertencia de que deben incluir el nombre del empleado o trabajador, el cargo y la cantidad económica que perciben.

Se deriva de un exhorto
La disposición del IMIPE respondió a un exhorto que el Congreso le hizo el 9 de octubre de 2015 para cumplir y hacer cumplir la ley de transparencia, luego de que casi todos los sujetos obligados, como la Universidad, no publican los nombres de sus empleados o servidores públicos, y a pesar de que con ello incurrían en la ocultación de información pública de oficio, el Instituto los evaluaba de forma positiva.
El amparo no es la primera acción que el Rector emprende contra la transparencia; con anterioridad, violó el derecho de ciudadanos a tener acceso a la información pública de oficio, al negarse a entregar el nombre y el monto de los ingresos que determinados empleados percibieron.
     El rector espera que la justicia federal le conceda la razón y, de ser así, el caso cobraría relevancia nacional, al constituirse como el primero en que una autoridad judicial mete reversa a la transparencia.