La elección de jueces y magistrados prevista para 2027 en la entidad podría superar los 2 mil millones de pesos, advirtió el diputado Daniel Martínez Terrazas, quien señaló que este monto representará un reto financiero significativo y no será sencillo de afrontar para el gobierno del estado.
En entrevista, el legislador estimó que la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Morelos podría representar un gasto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos, cifra que incluye no solo la logística electoral, sino también los recursos destinados al retiro de magistrados que concluirán sus funciones.
Martínez Terrazas señaló que, además del impacto presupuestal para el Ejecutivo estatal, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) requerirá recursos adicionales para cumplir con la organización de estos comicios, al tratarse de una elección distinta a las tradicionales y con mayores exigencias operativas y técnicas.
El diputado panista subrayó que, a diferencia de lo ocurrido a nivel federal, en Morelos se buscará evitar prácticas que generaron polémica, como la elaboración de “acordeones” por parte de partidos políticos o el método de insaculación, conocido como la tómbola, para definir candidaturas. Aseguró que esos errores no deberán repetirse en el ámbito local, con el fin de garantizar un proceso transparente y confiable.
En el plano legislativo, Martínez Terrazas adelantó que durante el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, el Congreso del Estado tendrá como una de sus tareas centrales el análisis y discusión de las leyes secundarias relacionadas con la elección del Poder Judicial. Dichos trabajos incluirán la definición de fechas, tiempos y mecanismos mediante los cuales serán electos jueces y magistrados en el territorio morelense en 2027.
Finalmente, el legislador reconoció que el reto no solo será financiero, sino también jurídico y político, por lo que llamó a que el proceso se construya con responsabilidad, diálogo y visión de largo plazo para no comprometer la estabilidad presupuestal del estado ni la autonomía del Poder Judicial.