El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una red de narcotráfico transnacional vinculada al Cártel de Sinaloa, se declaró no culpable ante un tribunal federal en California, Estados Unidos, de 17 cargos graves que incluyen conspiración para asesinato, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Su abogado, Anthony Colombo, rechazó categóricamente la versión del gobierno mexicano de que Wedding se entregó voluntariamente, afirmando que fue arrestado.
"No se entregó, fue arrestado (…) Cualquier versión que el gobierno de México trate de difundir, de que se entregó, es inexacta", expresó Colombo a reporteros tras la audiencia inicial en la corte de Santa Ana, California, donde Wedding compareció por primera vez luego de su extradición desde México.
El abogado agregó que su cliente se encuentra en "buen ánimo" pese al torbellino de eventos, destacando su fortaleza mental como excompetidor olímpico en snowboard.
La controversia surge en torno a las circunstancias de la captura de Wedding en México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el ex atleta se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, desmintiendo reportes de un operativo especial del FBI en territorio nacional.
"No fue detenido en un operativo; se entregó voluntariamente", enfatizó Sheinbaum, rechazando acusaciones de presión por parte de Estados Unidos.
Fuentes canadienses y estadounidenses han cuestionado la narrativa mexicana, incluyendo un medio que acusa a Sheinbaum de usar una imagen falsa para respaldar la versión de la entrega voluntaria.
Wedding, de 43 años, es señalado presuntamente por las autoridades estadounidenses de dirigir una organización criminal que transportaba cientos de toneladas de cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá, además de ordenar al menos ocho asesinatos, incluidos dos en Ontario, Canadá, en represalia por deudas de drogas.
La próxima audiencia de Wedding está programada para febrero, donde se discutirá su posible libertad bajo fianza. Fiscales federales se opusieron a cualquier liberación, argumentando el riesgo de fuga dada la magnitud de los cargos, que podrían resultar en cadena perpetua si es condenado.
Este caso resalta las tensiones en la cooperación bilateral contra el narcotráfico entre México y Estados Unidos, en un contexto de crecientes acusaciones mutuas sobre operativos transfronterizos.