La justicia federal negó amparar y proteger al magistrado Rafael Brito Miranda contra actos judiciales en su contra, promovidos por la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado solicitó la protección con la suspensión de cualquier acto, luego de que el pasado 1 de diciembre, la agente de investigación Zaira Labra Delgado se presentó en su oficina, en el Tribunal Superior de Justicia, a tratar de cumplir una orden en su contra.
Brito Miranda apeló en la solicitud de amparo que cuenta con fuero constitucional, por lo que consideró una violación contra sus derechos cualquier acto judicial que pretenda llevarse a cabo contra su persona.
Sin embargo, en la respuesta que el titular del Juzgado 4º de Distrito dio al juicio, registrado con el número 1640/2023, el magistrado fue exhibido de desconocer la ley, pues solicitó también la suspensión de una reforma que el Congreso hizo en enero de 2023 al artículo 136 sobre la procedencia de causa contra servidores públicos con fuero, como es su caso.
El magistrado pidió la invalidez de dicha reforma, que consistió en hacer precisiones sobre el tipo de delitos que los funcionarios cometan durante el encargo, y el juez le dijo que no opera porque su queja no es contra el decreto, sino contra la aplicación.
Por otra parte, también lo exhibió aclarándole que no se puede ordenar la suspensión sobre actos que aún no se han consumado, es decir, no lo pueden amparar sobre la posibilidad de que sea detenido, sobre todo, cuando él mismo dijo en la demanda que no conoce de ninguna carpeta en su contra, ni ha comparecido ante ninguna autoridad.
Cabe recordar que en agosto de 2022, Rafael Brito, María Idalia Franco y Juan Emilio Elizalde, conformaban la Sala 3 del TSJ y resolvieron dejar en libertad a José Armando “N”, acusado por la Fiscalía de haber sustraído del vehículo de un empleado de la dependencia, una computadora y una USB con información confidencial, cuando se encontraba estacionado en la vía pública.
La Fiscalía Anticorrupción inició las carpetas de investigación y solicitó incluso al Congreso un juicio político contra los magistrados, el cual fue desechado.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com