A partir de mediados de septiembre, los habitantes podrían enfrentar sanciones más estrictas por una práctica común pero ilegal: apartar lugares de estacionamiento en la vía pública con objetos como botes, cubetas o conos. La reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobada por el Congreso local el 15 de agosto, busca recuperar el espacio público y combatir extorsiones, amenazas y obstrucciones que afectan la movilidad urbana. Sin embargo, expertos y ciudadanos cuestionan si esta medida resolverá de fondo el problema, dado que depende de una efectiva aplicación por parte de las autoridades.
La iniciativa, presentada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, fue avalada con 56 votos a favor y ninguna abstención en el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso de la CDMX. Entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la capital, lo que se estima ocurra entre el 15 y 16 de septiembre de 2025.
Esta fecha marca el inicio de un "nuevo capítulo" en la regulación del espacio público, según palabras de la propia Brugada, quien enfatizó que "el espacio público es del pueblo y no se cobra ni se aparta".
¿En qué consiste la reforma y cuáles son las sanciones?
La modificación adiciona la fracción XXXIX al artículo 3, incorpora el artículo 28 Bis y reforma los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica (también referida en algunos contextos como Ley de Justicia Cívica). Se clasifican como "infracciones especiales contra la seguridad ciudadana" conductas como:
- Apartar u obstaculizar lugares de estacionamiento con cualquier objeto (cubetas, botes, llantas, macetas, etc.).
- Exigir, coaccionar o intimidar para obtener pagos por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos.
- Obstruir el uso de la vía pública para estacionar sin autorización.
Las sanciones son más severas que en versiones anteriores de la ley, donde las multas oscilaban entre 1,058 y 3,848 pesos o arrestos de 13 a 24 horas.
Ahora, los infractores enfrentan:
- Arresto inconmutable: De 24 a 36 horas, con la pena máxima aplicada en casos de intimidación o exigencia de pago. No se puede conmutar por trabajo comunitario ni multas simbólicas.
- Multas: Equivalentes a 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que en 2025 representan entre 1,244 y 4,525 pesos, dependiendo de la gravedad.
- Escalada penal: Si hay amenazas, agresiones o extorsión, el caso pasa al Ministerio Público, pudiendo derivar en cargos por delitos como lesiones o extorsión, con penas mayores.
Estas medidas aplican a cualquier persona, incluyendo vecinos que aparten espacios frente a sus casas o "franeleros" (conocidos como "viene-viene") que controlen zonas enteras. Datos del INEGI indican que en 2023 circulaban más de 4.7 millones de vehículos en la CDMX, lo que agrava el caos por estas prácticas, con cobros indebidos que llegaban a 40 pesos por hora en áreas como Polanco, Condesa, Roma y el Centro Histórico.
En 2024, se registraron más de 1,200 quejas por extorsiones relacionadas.
Casos en los que aplica y excepciones
La ley es clara: aplica en flagrancia o por denuncia ciudadana, con operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y alcaldías en zonas críticas. Por ejemplo, un vecino que coloque un bote frente a su casa para "reservar" un lugar podría ser arrestado si obstruye el libre tránsito. Lo mismo para franeleros que amenacen con dañar vehículos si no se paga, como en un caso viral en la colonia Centro donde un "viene-viene" exigió 70 pesos y amenazó con "ponchar llantas".
Excepciones son limitadas y requieren autorización oficial:
- Espacios reservados para emergencias, carga/descarga o eventos autorizados (ej. permisos de alcaldías para mercados o construcciones).
- No aplica a estacionamientos regulados con parquímetros o tarifas oficiales, ni a valet parking en establecimientos privados con permiso.
- La reforma no prohíbe el lavado o vigilancia voluntaria sin cobro forzoso, pero cualquier exigencia lo convierte en infracción.
En cuanto a vacíos legales, analistas señalan que la ley anterior (vigente hasta septiembre) ya prohibía estas conductas bajo el artículo 28 fracción II, pero con sanciones más laxas, lo que permitía reincidencias.
El nuevo texto cierra brechas al hacer el arresto inconmutable y escalar a penal, pero persiste el reto de la discrecionalidad policial: ¿actuarán contra vecinos "influyentes" o sólo franeleros? Además, no aborda el subregistro de denuncias por miedo a represalias.
Objetivo de la Medida y ¿realmente solucionará el problema?
El objetivo principal es "atender las causas que generan violencia" y garantizar el libre tránsito, devolviendo el espacio público a la ciudadanía.
Brugada lo presentó como parte de su agenda para reducir robos, amenazas y extorsiones, enfatizando que "no se trata de criminalizar" a los franeleros, sino de ofrecer alternativas laborales mediante capacitaciones de la Secretaría del Trabajo (STyFE) y Desarrollo Económico (Sedeco).
El diputado Pedro Haces (Morena) defendió la reforma: "El espacio público no es negocio privado".
Sin embargo, su efectividad es debatida. En redes como X y Facebook, usuarios celebran la medida –con posts virales como "¡Adiós a los franeleros gandallas!" acumulando miles de likes–, pero otros dudan de su implementación.
Críticas incluyen: ¿habrá suficientes jueces cívicos para procesar casos? ¿Y si la policía ignora reportes, como en quejas previas donde objetos obstruyen sin consecuencia?
Datos históricos muestran que sanciones previas (multas de 1,141 a 4,149 pesos) no disuadieron, con franeleros operando "sin temor" en 2024.
La SSC planea operativos y una campaña de concientización: "El espacio público es de todas y todos", con denuncias vía Locatel (55-5658-1111) o CESAC en alcaldías.
Expertos como Pedro Haces Lago sugieren que, combinada con empleo formal, podría reducir el problema, pero solo si se ataca la raíz: la escasez de estacionamientos en una ciudad con millones de autos.
Reacciones y contexto
La reforma ha generado eco en medios y redes. En X, posts de periodistas como Azucena Uresti acumularon más de 14,000 vistas, con debates sobre si afectará a "vecinos comunes".
En Facebook, grupos vecinales comparten guías para denunciar, mientras que en páginas como Zona alertan: "¡CDMX dice basta!".
Opositores argumentan que criminaliza la pobreza, pero defensores como la diputada Ceci Vadillo insisten: "El espacio público es de todos".
Esta no es la primera vez que se endurecen reglas; en 2023, multas por baches o obstrucciones ya existían, pero sin el foco en arrestos.
Con la entrada en vigor inminente, la CDMX prueba si la ley puede transformar las calles en espacios equitativos o si quedará en papel mojado.