Después de cinco años de investigaciones, Google ha salido victorioso de un caso antimonopolio en México que pudo haberle costado hasta 1,500 millones de euros. El caso fue iniciado por la periodista mexicana Genoveva Oviedo, quien acusó a la compañía tecnológica de prácticas monopólicas que, según la denuncia, afectaron directamente su emprendimiento digital al posicionar de manera injusta su motor de búsqueda por encima de otras alternativas.
Oviedo argumentó que Google manipulaba los resultados de búsqueda para favorecer sus propios servicios y contenidos, lo que en su momento generó una investigación formal por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El proceso legal atrajo atención internacional, especialmente porque se enmarcaba dentro de un contexto global de cuestionamientos al poder dominante de las grandes tecnológicas.
Sin embargo, el reciente fallo del tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para confirmar que Google violó las leyes de competencia en México. Las autoridades concluyeron que la empresa no había actuado de manera ilegal al priorizar sus propios productos en los resultados de búsqueda y que, además, los cambios en sus algoritmos no podían ser considerados como una forma de exclusión deliberada.
La decisión ha sido recibida con reacciones encontradas. Por un lado, Google celebró el resultado, asegurando que respalda su compromiso con la competencia justa y la innovación. Por otro, diversas voces en el sector digital mexicano criticaron la resolución, alegando que refuerza un entorno donde las pequeñas empresas y proyectos locales siguen en desventaja frente a las grandes plataformas.
El caso se convirtió en un símbolo del debate sobre la responsabilidad de los gigantes tecnológicos y sus impactos sobre la libre competencia en mercados emergentes. Aunque en esta ocasión Google logró evitar una multa multimillonaria, el caso deja abierta la conversación sobre la necesidad de regulación más clara y efectiva en el ámbito digital mexicano y latinoamericano.
Este episodio también sienta un precedente para futuras disputas legales en la región, donde cada vez más voces piden vigilancia sobre el poder de mercado de compañías globales.

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