La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, aseguró que durante su gestión se investigaron de manera exhaustiva casos como Odebrecht y el socavón en el Paso Exprés, así como las supuestas anomalías en el manejo de recursos federales.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, afirmó que de esos y otros casos, conforme a las facultades de la secretaría, se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo.

Entre las sanciones mencionó la suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos, y garantizó a diputados que se ha ido "al fondo" de todos los asuntos sin importar cargos, en el caso de los servidores públicos, o el poder económico que representan, cuando son empresas.

En total, durante la presente administración, dijo, el número de sanciones emitidas superan las 58 mil, mientras que la de sancionados llegó a 44 mil 046. “Y el monto de las sanciones se elevó a siete mil 161 millones 800 mil pesos”.

Gómez González explicó que el origen de dichas sanciones fue en su mayoría por omisión o presentación extemporánea de la declaración patrimonial; las auditorías de los órganos internos de control y denuncias de otros servidores públicos.

Además denuncias o quejas de la ciudadanía, y gestiones de la Auditoría Superior de la Federación, todo, recalcó, en apego a los principios de objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, al principio de presunción de inocencia.

Por ello, explicó, el procedimiento inicia con la investigación de la presunta responsabilidad, la cual continúa con la comparecencia del probable responsable, audiencias, periodo de pruebas, alegatos, cierre de instrucción y, se concluye con una resolución.

La titular de la Función Pública afirmó que con estas acciones relativas al control interno, vigilancia y auditoría, la secretaría abonó a la consolidación de una gestión pública íntegra y efectiva.

Detalló que los casos objetos de investigación fueron los hechos ocurridos en julio de 2017 en la obra pública denominada “Ampliación del libramiento de Cuernavaca”; las contrataciones y subcontrataciones entre entidades de la Administración Pública Federal y universidades.

Asimismo, las actividades de rehabilitación o reconstrucción tras los sismos de septiembre 2017, así como los hechos relacionados en materia administrativa con la empresa Odebrecht y sus filiales.