CUERNAVACA, MORELOS.- Los diputados de la LIII Legislatura tejieron una red de autoprotección “a la medida” para intentar ponerse “a salvo” de la aplicación de los procedimientos y sanciones que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Así lo reveló ayer el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, al indicar que se encuentra ante un problema jurídico para cumplir con el acuerdo parlamentario que los diputados actuales aprobaron la semana anterior y por el que lo instruyeron iniciar los procedimientos sancionadores contra las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta y Silvia Irra Marín, así como contra la ex secretaria de Administración Finanzas, Patricia Bandera Flores, por haber obstruido la realización de la auditoría especial al Congreso.
Loredo Méndez dijo que ya fue notificado del acuerdo y de la instrucción, pero agregó que junto con el área jurídica de la ESAF analiza la ruta que puede seguirse para cumplir con la instrucción.
Lo anterior, debido a que en 2017 los ex diputados, a pesar de que no estaban obligados, aprobaron una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, paralela a la Ley General de Responsabilidades, como parte del marco jurídico que rige el Sistema Estatal Anticorrupción.
En la fracción III del artículo 8 de dicha ley, los ex diputados precisaron que la ESAF es competente para investigar y substanciar el procedimiento sobre faltas administrativas graves de los titulares de los órganos constitucionales autónomos, de los de los órganos de control de los municipios y de “aquellos adscritos al Congreso del Estado, excepto de los diputados que lo integran”.
A pesar de que la Ley General no exenta de sanciones a ningún servidor ni integrante, de ningún ente público de la aplicación de su contenido, y a que la negativa de transparentar el manejo del presupuesto está considerada en dicho ordenamiento como falta administrativa grave.

Inquietud. El titular de la ESAF, Vicente Loredo Méndez dijo que, en términos de la Ley estatal, ladependencia no tiene facultades para proceder contra los ex diputados; aunque reconoció que dicho ordenamiento no está por encima de la Ley General.

Fundamento
El artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que todos los servidores públicos “observarán en el desempeño de su cargo, legalidad, honradez, lealtad, integridad y rendición de cuentas.

Sin excusa
La fracción VI señala que deberán “administrar los recursos públicos”, sujetándose a los principios anteriores.

Castigo
No hacerlo, puede ser motivo de faltas administrativas, que se sancionan con multas económicas o la inhabilitación.

 

Por: ANTONIETA SÁNCHEZ
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com