El reporte anual del Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo, dio a conocer los reportes de México sobre “asesinatos ilegales o arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad federales, que también se han involucrado en castigos o maltratos crueles, inhumanos o torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, injerencias en la independencia del Poder Judicial, restricciones a la libertad de expresión que incluyen amenazas contra periodistas y amagos legales para limitar la libertad de prensa, al igual que violencia de género”. No es lo único. Registra también “los altos niveles de violencia de las organizaciones criminales, donde la mayoría de esos delitos ni son investigados ni son judicializados”, recupera y comenta Raymundo Rivapalacio en su columna del 24 de este mes en El Financiero.
Duele. Duele mucho saber cómo se ve México desde los EUA. El documento se publica cada año desde 1977 por mandato del Congreso Americano.
Duele, duele lo expresado por el vicealmirante José Antonio Or-tiz Guarneros, Comisionado de Seguridad Pública de Morelos, al hacernos saber que en Morelos se cuenta con mil 200 policías estatales, aceptando, que tiene “un déficit de 9 mil policías”. (La Jornada)
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI en 2022 estimó una incidencia delictiva en Morelos de de 472,979 delitos. Algo equivalente a 33,300 delitos por cada 100 mil habitantes, bastante más arriba que el promedio nacional. Los delitos más frecuentes son el fraude, robo o asalto en la calle, en el transporte público y la extorsión. Los que más duelen son los asesinatos, con la segunda tasa más altas del país( 20.45/100 mil habitantes), solo por debajo de Colima (21/100 mil ).
Estadísticas aterradoras, que aunque nos son conocidas, concuerdan con nuestra sensación de desamparo. La gente está insegura cuando va al cajero, camina por las calles o en los autobuses.
A las candidatas al gobierno de Morelos (y también a la presidencia), en sus recorridos de campaña, se les hace saber, en cada población, en las colonias o en los municipios la inquietante inseguridad que preocupa y agobia. El pueblo, no confía en las autoridades.
El 94.6 % de los delitos no se denuncian. Son la cifra negra. Delitos no declarados. ¿Cómo para qué? La víctima sabe que la autoridad no le hará mucho caso. La ENVIPE registra que sólo el 10.9% de los delitos fueron denunciados. El 5.4% del total de delitos inició una carpeta de investigación. De las carpetas de investigación abiertas, la ENVIPE muestra que en el 46.1% de las carpetas abiertas en el 2022, no pasó nada y el 31.4% sigue en trámite. ¿Para qué denunciar?
Los costos del delito para los habitantes en Morelos, de acuerdo a la ENVIPE, sólo en ese año fue de 5,106.7 millones de pesos. Los morelenses tuvimos que gastar en cambiar cerraduras, puertas y ventanas, acciones vecinales, colocar rejas o bardas, poner alarmas, y hasta en perros guardianes.
¿Qué hacer? Las candidatas a gobernar, deberán tener una estrategia para acotar la delincuencia. Tener claro, la urgente necesidad de una política pública que coordine el complejo entramado entre los tres poderes estatales, la federación, los ayuntamientos, las fiscalías y la sociedad, se antoja complicado, pero se tiene que intentar. Hasta ahora, en los discursos electorales, no veo la intención de construir una política pública de seguri-dad. El primer paso sería comenzar por el diseño de una estrategia para frenar la impunidad. Cero impunidad.
Combatir la impunidad debería ser el eje rector del próximo gobierno. El Tribunal Superior de Justicia y la próxima Cámara de Diputados morelense, deberán coordinarse con el Poder Ejecutivo y plantear un presupuesto transversal para que los ayuntamientos tengan los recursos para combatir a los delincuentes solitarios, según el INEGI, son los que cometen la mitad de los delitos. No todo es crimen organizado.
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