La diputada del Partido del Trabajo usa a sus aliados para satisfacer intereses particulares, no de grupo.
CUERNAVACA, MORELOS.- En la LIV Legislatura, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), no sólo traicionó a sus homólogas con las que formó el “Frente Progresista”, mejor conocido como G-7, sino que también traicionó a sus trabajadores, a quienes dejó fuera de la nómina del Congreso a pesar de que a ella le fueron restituidos sus derechos y privilegios como legisladora.
El 22 de octubre de 2019, unos 40 empleados de confianza que estaban al servicio de siete diputadas presentaron una demanda laboral colectiva ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), tras haber sido dados de baja. En el caso Rodríguez Ruiz, la medida obedeció a que dejó de ser presidenta de la Junta Política y de Gobierno y a que había sido destituida de las comisiones legislativas que presidía.
La conformación del G-7 fue anunciada días antes, el 25 de septiembre, como un frente supuestamente para combatir la violencia y la parálisis que había al seno de la Legislatura por la falta de consensos.
Rodríguez Ruiz aprovechó la inconformidad de sus compañeras para azuzarlas a la rebelión y después utilizarlas en su propio beneficio, como hizo con sus propios trabajadores.
El 13 de noviembre de 2020, después de varios acuerdos individuales de la petista con el Presidente del Congreso, que se manifestaron en su voto a favor de varios decretos, la designaron presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de las comisiones de Hacienda y Gobernación.
Fuentes internas rebelaron que meses antes, la Presidencia le había autorizado el alta en la nómina, nuevamente de sus trabajadores; sin embargo, ésta decidió mantenerlos laborando exclusivamente con el pago directo, y privarlos de cualquier otro derecho laboral.
Ahora, igual que hizo antes con la inconformidad de sus compañeras del G-7, Tania Valentina Rodríguez utiliza el caso de su compañero Marcos Zapotitla para hacer de “defensora” de los derechos de las mujeres; sin embargo, al interior de la Legislatura ha sido catalogada como violentadora de derechos y acuerdos, utilizando todo lo que está a su alcance para su propio interés económico y político.
Cabe recordar que en 2018, aprovechando la posición que tenía de presidenta de la Junta Política, intentó defraudar al erario con 10 millones de pesos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos del año siguiente, con la fachada de supuestas estancias infantiles.
Por REDACCIÓN DDM / local@diariodemorelos.com