Cuernavaca, Morelos.- Con la aprobación de la nueva Ley de Disciplina Financiera, los estados y los municipios sólo podrán contratar deuda pública sí la Secretaría de Hacienda Federal les da el visto bueno, informó el diputado federal Javier Bolaños Aguilar.
Tras votar a favor de la norma el pasado jueves en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados federales, el legislador por Morelos explicó que sí bien los congresos locales mantendrán la facultad de autorizar a los gobiernos estatales y municipales la contratación de deuda, la última palabra la tendrá la Secretaría de Hacienda.
Bolaños Aguilar dijo que a partir de que la ley entre en vigor, la dependencia federal establecerá un sistema de alerta para monitorear las finanzas de estados y municipios.
Dicho sistema calificará el nivel de solvencia, las especificaciones con las que se contrate la deuda, como las tasas de intereses,  y la aplicación correcta de los recursos que se contraten, dijo.
“Se trata de una ley que busca evitar el endeudamiento irresponsable de estados y municipios, con el establecimiento de lineamientos específicos para que puedan ser sujetos de crédito”, expresó el legislador panista.
Agregó que antes de que el Congreso vote una solicitud de crédito, deberá solicitar a la Secretaría de Hacienda información sobre el estatus financiero del estado o municipio y, en caso de que se emita una alerta roja, los diputados deberán negar la autorización para evitar deudas impagables.
Javier Bolaños precisó que si un congreso hace caso omiso a una alerta de la Secretaría de Hacienda, esta también tendrá facultades de veto.
Además, detalló que por ley, la contratación de cualquier crédito deberá ser licitado con el objetivo de obligar a las instituciones bancarias a ofrecer las mejores tasas de interés.
Lo anterior, impedirá que los gobiernos contraten créditos laxos con elevadas tasas de interés y después busquen que el Congreso les autorice el refinanciamiento de la deuda con el propósito de bajar el costo de los intereses, como actualmente ocurre con el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Además de los candados señalados, también establece que los gobiernos locales no podrán aumentar la deuda en más del tres por ciento anual y en 15 por ciento con la autorización del Congreso, y registrarla en el Registro Público Único.

ANTONIETA SÁNCHEZ
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