El 1 de enero, junto con el gobierno de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado recibirá un costal de problemas.
Uno: De entrada, pagar el aguinaldo a los trabajadores de la Comuna tras de que el aún alcalde Antonio Villalobos Adán se lavó las manos y esta semana declaró que no tiene 35 millones de pesos para saldar la primera parte en diciembre, como ha sucedido históricamente, así que Urióstegui deberá sacarse de la chistera 70 millones para pagarles en enero. ¿Legalmente es posible fincarle responsabilidad penal a “Lobito” y llevarlo a prisión? No, ni echándole un galgo hasta Cancún…
Dos: ¿La reestructuración administrativa que planea Urióstegui significa una solución final? No, si acaso un paliativo, de modo que la pobreza financiera le será heredada al alcalde que releve a José Luis en enero de 2024. Mientras tanto, la salida de Villalobos y la entrada de Urióstegui sellará la desaparición de las subsecretarías, si no de todas sí de la mayoría, según lo ha advertido el propio alcalde electo, considerados por éste mismo los subsecretarios como simples intermediarios ante los secretarios al igual que las plazas de algunos directores generales. El cortadero de cabezas, pues, o la crónica anunciada de lo inevitable.
Dos: El Ayuntamiento adeuda 250 millones de pesos a tres bancos y, ya que a uno deberá terminar de pagarle en 2023 y a dos en 2025, para Urióstegui vale la pena hacer un análisis financiero y fusionar las deudas con una sola institución –es decir, Banobras–, a fin de pagar menos intereses y durante un plazo “más manejable”, o sea, más largo.
Tres: La deuda del Ayuntamiento capitalino por laudos laborales asciende a 300 millones de pesos, según declaró José Luis el 14 de octubre. Señaló que esta “bronca” data de diez años, pero no dijo si él pagará la “droga” que por este concepto no sólo seguirá creciendo por intereses y costos de abogados, sino que a partir del próximo enero sumarán otro dineral las nuevas demandas de trabajadores de base y funcionarios que serán puestos de patitas en la calle.
Cuatro: Al 15 de agosto, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) adeudaba a la Comisión Federal de Electricidad 265 millones de pesos por el consumo de energía eléctrica en los pozos de la ciudad. Sin embargo, el monto ha seguido creciendo y escalará hasta volverse impagable. La posibilidad de la solución a este que ha sido un dolor de cabeza para al menos los presidentes municipales de Cuernavaca de los últimos veinte años es pactar con la CFE un plan de pagos posible de cumplir, quizá pagar con puntualidad los consumos bimestrales junto con un “abono” a la deuda histórica que cumpla puntualmente el Sapac por el tiempo que sea necesario hasta saldar la totalidad del adeudo.
Y cuatro: Demostrada hasta el hartazgo social la ineficacia del mando único de la Policía Estatal por la inexistencia de la prevención del delito que día a día constata la impunidad de la delincuencia, este tema que tanto lastima a la sociedad gira alrededor de la economía. Cientos de millones de pesos que mediante los convenios copiados al gobierno de Graco Ramírez hasta el día de hoy les han venido siendo quitados a los presidentes municipales so pretexto de un combate a la inseguridad pública que no se ha reflejado en los hechos. De este tema sabe Urióstegui, quien algo aprendió cuando fue procurador de justicia y secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca. De vital importancia para los morelenses, este asunto también lo traen diputados de oposición al Ejecutivo estatal, entre otros Agustín Alonso Gutiérrez. La cuenta regresiva al Innombrable ha comenzado… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán jmperezduran@hotmail.com