No es un secreto que las últimas legislaturas han venido de mal en peor, al menos las últimas cuatro, del 2009 a la actual.

Con las excepciones de la regla vinieron de mal en peor, impopulares cuando no que desconocidos los ahora ex diputados que pasaron sin pena ni gloria, reputados como holgazanes, sospechosos de ser “maiceados” por los gobernadores en turno y no poseedores del interés de servir a sus representados, el pueblo, sino al dinero.

Salvo pocas excepciones, puesta la expresión de la salvedad para no violar “el debido proceso”, los diputados que están en funciones no se salvan del estigma: se hallan presuntamente “maiceados”, flojos y simuladores los que se dicen de izquierda pero que en realidad son de derecha; oportunistas y suertudos pues llegaron al cargo gracias al tsunami morenista de las elecciones de julio de 2018, metalizados porque junto con el salario, dietas y gastos de representación ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una calamidad que digamos entre pitos y flautas cada uno les cuesta a nuestros impuestos algo así como doscientos mil pesos al mes.

¿Y todo para qué? Para que llegado el momento de justificar lo que ganan para servir al pueblo, lo traicionen.

A otra cosa no equivale la comparecencia en la oscurito del titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, no en la transparencia de una sesión pública con la participación de los veinte diputados para tratar el problema más grave que aqueja a los morelenses, la inseguridad, sino en la opacidad de una encerrona con solamente cinco diputados: Marcos Zapotitla Becerro, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Andrés Duque Tinoco (el trapecista que de Morena se pasó al PES a cambio de una chamba para su cónyuge) y Ana Cristina Guevara, so pretexto de ser, respetivamente, el presidente, el secretario y los vocales de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Protección Civil.

A lo mejor por aquello de la “presunta” división entre funcionarios de rango estatal, Marcos Zapotitla no tocó ni con un pelo de rana calva al marinero Ortiz, pero sí arremetió contra el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca.

Según las crónicas, concluida la “compadecencia Zapotitla acusó a Villarreal de omiso por la falta de pago a una empresa de telecomunicaciones que generó “inoperancia” de 600 cámaras de video vigilancia.

Defendió al “compadeciente”, diciendo que desde el mes de agosto el propio Ortiz requirió el pago (de salarios o becas) a los cadetes egresados de la Academia de Policía y 250 mil pesos a los capacitadores de la dicha escuela.

La recriminación habría sido correcta, por justa, si no fuera por la sospecha automática del típico “moche” por el pago multimillonario de las dichas cámaras.

Quizá por eso y más, la parte del reclamo de la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruíz, que citó la cruel realidad de cerca de mil homicidios dolosos ocurridos en el último año en el estado de Morelos que nos ubican dentro de los 10 primeros lugares en delitos como feminicidios, robo con violencia y secuestros.

Y la réplica del reproche social, de que nada ha cambiado sino al contrario, “ya que hay 180 elementos de la Policía Estatal sujetos a investigación por corrupción y colaboración con la delincuencia organizada”… ANTES y ahora han sido frecuentes los asesinatos de abogados.

Mayo de 2016.

Al ser Rodolfo García Aragón uno de los litigantes más conocidos en Cuernavaca, su desaparición corrió en las redes sociales.

Activado el protocolo de búsqueda y localización por parte de la Fiscalía General del Estado, se informó que fue visto por última vez conduciendo su motoneta en la intersección de Gobernadores y Poder Legislativo.

Tenía 63 años, era diabético y padecía un mal cardíaco, así que usaba un parche de nitroglicerina.

Al parecer se dirigía a su despacho de la colonia Amatitlán, donde el 25 de julio de 2105 había sido asesinado su socio Vicente Albarrán Gómez.

Vuelta peligrosa la profesión del abogado litigante, el 7 de marzo de 2013 un asesino solitario les arrebató la vida al penalista Miguel Ángel Pizar Bernal y a una contadora apellidada Urióstegui, en una oficina del tercer piso de la Plaza San Agustín que se localiza en la de la esquina de Las Casas y Leyva.

Seis meses antes, el 4 de septiembre de 2012, el foro morelense se alarmó por el atentado a Manuel Antonio Lavín Flores, de 76 años, herido de gravedad por uno de dos o tres pistoleros que irrumpieron en su oficina de la bajada de Humboldt.

En septiembre de 2016, mataron al abogado Luis Gil.

“Era un buen vecino”, comentó un hombre que platicaba con vecinos sorprendidos por el asesinato ocurrido en una casa de la calle Tulipán Africano de la colonia Tulipanes.

Por esos días, incluido Gil cuatro abogados habían sido asesinados en Morelos en sólo cuatro meses.

Y contando en la profesión de alto riesgo en que hace años y quién sabe hasta cuándo se convirtió la de abogado, herido de bala el litigante Paul Zaragoza Popoca la tarde del sábado en Jojutla y muerto el día siguiente en un hospital de la localidad… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com