De la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, se ha publicado que ha dicho: con el refinanciamiento de la deuda pública de Morelos, que asciende a 6 mil 592 millones 127 mil 804 pesos, este año el Gobierno del Estado ahorraría 550 millones de pesos en lo que resta de la actual administración y otros 600 en la siguiente. Afirma: “El decreto (de refinanciamiento) no implica deuda”. Puesto así, para ser prácticos no habría necesidad del debate propuesto por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. El decreto sería aprobado por los diputados que basarían su posición en el hecho de que la crisis económica causada por recortes en las participaciones federales y la pandemia del Covid-18 le pegó fuerte a las finanzas del Gobierno Estatal y los municipios. Un argumento esgrimido en la reunión del grupo de legisladores de Morelos que, de mutuo propio o convocados desde allá, el lunes pasado fueron a la CDMX para reunirse con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El fondo del problema no es que el Gobierno de Morelos y de más estados necesitan ser refinanciados, el quid es que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un enemigo –acérrimo y reiteradamente declarado– de pedir dinero fiado al agio internacional, de engordar la deuda heredada a las actuales generaciones por gobiernos neoliberales… EL golpeteo entre el fiscal Uriel Carmona Gándara y funcionarios alineados no tendría sentido si el fiscal del estado fuera nombrado directamente por el titular del Ejecutivo. Sucedió hasta antes de 1998, aplicado ese año el método de la terna con motivo de la descomposición de la Procuraduría General de Justicia, caído de la gubernatura Jorge Carrillo Olea y cesados el procurador Carlos Peredo Merlo y el director de la Policía Judicial, Jesús Miyazawa Álvarez, luego de que el jefe “antisecuestros” de la corporación, Armando Martínez Salgado, fuera detenido por policías federales en la carretera Cuernavaca-Iguala cuando llevaba a tirar en suelo guerrerense el cadáver de un delincuente. Asumido en circunstancias inéditas de complejidad política el cargo de gobernador sustituto por Jorge Morales Barud, fue que nació el dicho método y que el desaparecido José Castillo Pombo fuera el primer procurador de justicia elegido por el Congreso Estatal. Sin embargo, los aspirantes se olvidaron de que el Gobernador era el que mandaba, durante semanas “cabildearon” con los diputados y éstos “les dieron el avión” jurándoles que el juego era derecho. Habían quedado atrás los procuradores nombrados por el titular del Ejecutivo como Francisco Javier Arenas, Teodoro Lavín González, Juan Salazar Fitz, David Jiménez González, Armando Sánchez Rosales, Alejandro Galván Sánchez, Felipe Güemes, Gustavo Malo Camacho, Jorge Arturo García Rubí o Tomás Flores Allende. Y llegaron procuradores por el camino de las ternas: Arturo Estrada Carrillo, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Ávila, Hugo Bello Ocampo, Pedro Luis Benítez Vélez o la única mujer, Claudia Aponte Maysé. Pero aquellos fueron otros tiempos, circunstancias distintas e historias diferentes que probablemente ignoran algunos de los actuales diputados y los tiradores al cargo de fiscal general. Y otra época la designación de Carmona como fiscal, en febrero de 2018 con un plazo de duración en el cargo de nueve años que se cumplirían en 2025, sólo susceptible de ser destituido por juicio político o “causas graves”… COLOCADOS en sitios concurridos de Jiutepec por una orden del alcalde Rafael Reyes Reyes, depósitos para cubrebocas usados que personas irresponsables suelen tirar en cualquier lugar debería haber en todos los municipios… (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com