Cuando de pólvora se trata, una chispita puede desatar el infierno. No sucedió así, afortunadamente, el jueves antepasado en la colonia Nueva Santa María de Cuernavaca, donde unos niños jugaba con cohetes y un chispazo produjo un incendio que fue combatido a cubetazos por vecinos que reaccionaron rápidamente y facilitaron el trabajo de los bomberos. No es la primera vez que sucede.
En Xoxocotla la tarde-noche de otro jueves, pero del 8 de septiembre de 2003, estallaron ocho puestos de pólvora y las llamas alcanzaron dos viviendas y un vehículo. Por buena suerte, milagro o lo que haya sido tampoco hubo desgracias personales, y las cosas no pasaron del susto. El fuego consumió una vivienda, y por minutos las lenguas de fuego lamieron las casas.
Cerca de las nueve y media, timbró el teléfono de la Policía Municipal. La voz reportó una cadena de explosiones en una vivienda que estaba incendiándose. La noche tronaba y el cielo se iluminaba. Acudieron elementos de seguridad pública lo más rápido que pudieron, entre ellos el director de Seguridad Pública, Javier Jiménez. Luego informaría que juegos pirotécnicos que se quemaron –se supone accidentalmente– causaron la conflagración.
Por sabido, no hizo falta la explicación. Hacía años que en “Xoxo” algunos se dedicaban a la elaboración de cohetes, palomas y más juegos de lumbre mientras otros los vendían, pero al final todos almacenaban pólvora en sus casas. ¿Ocurre todavía? Por fortuna no hubo muertitos, pero si la quemazón existió fue porque al gobierno de entonces poco o nada le importó la seguridad de los xoxocotlenses. No pidió a la Zona Militar que clausurara los cuarenta puestos de cohetes que desde años atrás se desparramaban en el acotamiento de la carretera.
El presidente municipal de Puente de Ixtla y el comandante de la 24ava. jurisdicción militar sabían del peligro que representaban los puestos expendedores de pólvora. Sin embargo, nadie hizo nada por evitar la explosión, y nadie se imaginó que el asunto se trasladaría a la política. La gente de Xoxocotla se dividió, liderada la mayoría por el delegado Jesús González Machuca que exigía la clausura definitiva de los negocios carreteros de cohetes, cohetones y “palomas”, en tanto los dueños de éstos pugnaron por la preservación de su fuente de ingresos.
El gobierno no cumplió su obligación de cuidar la seguridad de los más sobre los menos, y salió con el cuento de que la gente de Xoxocotla no debía temer una incursión de la Policía Federal Preventiva, cuando eso era precisamente lo que un grupo de hombres y mujeres de la comunidad pidieron la víspera de la explosión, dispuestos a colaborar con los federales señalándoles las casas con cisternas habilitadas como “bodegas” de pólvora. Pasaron horas urgiéndolos a que entraran al pueblo y, excepto las familias dedicadas a la venta de explosivos, nadie se opuso. Pero a la orden siguió una contraorden desde el Palacio de Gobierno en Cuernavaca, de modo que los federales se limitaron a “revisar” los puestos, que para esas horas ya se encontraban vacíos de mercancía explosiva.
La de ese jueves en Xoxocotla coincidió con el estallido de un taller de juegos pirotécnicos en el pueblo de Tultepec, estado de México, donde no fue la primera ocasión que sucedió un accidente similar, pese a que los artesanos de esa comunidad mexiquense eran expertos en el manejo y la elaboración de artefactos a base de pólvora y contaban con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional. No pasaba lo mismo en los negocios pirotécnicos de Xoxocotla, donde nuchos operaban en la clandestinidad. La pólvora no se producía en el municipio indígena de Xoxocotla, surtidos los “coheteros” de mercancía
en la Ciudad de México o traída a domicilio sin que ninguna autoridad supervisara los camiones cargados de explosivos que transitaban por carreteras morelenses y descargaban en “Xoxo”. También eran “invisibles” a los ojos de un gobierno negligente las cisternas o cuartos de viviendas habilitados como bodegas de explosivos, donde el peligro de explosiones era parte de los usos y costumbres...
LO QUE mal empieza, mal acaba. Uno: Edgar Maldonado Ceballos, consejero jurídico del gobierno de Margarita González Saravia, advierte que el 15 de enero próximo pueden empezar las denuncias penales y/o administrativas derivadas del proceso de entrega-recepción en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Dos: la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización mantiene bajo investigación a quince exalcaldes por presuntas irregularidades en el manejo de recursos financieros. El titular del organismo, José Blas Cuevas Díaz, afirmó que casi la mitad de los exediles se encuentran en “focos rojos” ante la probabilidad de casos de desvíos de recursos, según las últimas auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2022… (Me leen el lunes).
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