En 2003, en Morelos había doscientos veinticinco mil vehículos; veinticinco años antes la Dirección de Tránsito y Transportes tenía 40 mil registrados. La cultura del automóvil empezaba a permear las clases populares, y el coche a dejar de ser el artículo de lujo que hasta principios de la década de los sesenta sólo poseían las familias ricas.
Paulatinamente se vino convirtiendo en herramienta de trabajo. Para los ochenta, si en el Distrito Federal la implantación del “hoy no circula” disparó el aumento vehicular por la posesión de más de uno por familia, los sismos de diciembre del 85 trajeron a Morelos una oleada de capitalinos que se quedaron a vivir aquí... junto con sus coches.
Siete años después, el decreto con el que el gobernador Emilio Riva Palacio López destrabó la tramitología de las concesiones del transporte público incrementó dramáticamente el número de taxis, sobre todo, y de “rutas” y de transporte de carga en menor medida. En 2000, los últimos cuatro meses del gobierno priista a cargo de Jorge Arturo García Rubí bastaron para autorizar mil doscientas concesiones, la mayoría, taxis. El parque vehicular de servicio público sumó entonces 17 mil 800 unidades.
Hasta 1988 el área del transporte, que era una modesta jefatura de departamento en el organigrama de la Dirección de Tránsito y Transporte, fue elevada a la categoría de dirección general y sacada del ámbito de la Dirección de Tránsito. Sin embargo, se quedó corta frente a la problemática del transporte. El “pirataje”, el tráfico de concesiones, las mafias de transportistas coludidos con funcionarios, los “flotilleros”, las agrupaciones y el “coyotaje” terminaron por rebasar a la autoridad.
Y la corrupción, que como cáncer enquistado en esta área de cuando en cuando sale a relucir, incluso, con casos denunciados penalmente, como algún director del Transporte que habría cometido un el delito de peculado por cerca de un millón de pesos.
Aunque de manera escueta, la especie trascendió una noche de viernes. No fue el gobernador Sergio Estrada Cajigal quien presentó la denuncia, sino que por una orden del propio mandatario fue la secretaria de Hacienda, Claudia Mariscal Vega, quien la elevó ante la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado a través del entonces director de Control Vehicular y en la actualidad senador, Víctor Mercado Salgado. Publicada por una “filtración” desde la Cámara de Diputados, la noticia alertó al imputado que recurrió al típico recurso del amparo. Por norma, las infracciones que aplicaba la Dirección del Transporte debían ser pagadas en Control Vehicular. Sin embargo, funcionarios y empleados cercanos al acusado liberaron los vehículos del corralón de Base Chapultepec a cambio de “mordidas”.
Subsecretaría del Transporte, en lugar de dirección general, es una vieja propuesta de especialistas en la materia para empezar a desenredar la madeja de problemas que en materia de gasto e ingresos impactan directamente en las arcas del Gobierno Estatal. Además de “enflacar” la nómina, dejando a Transporte como una dirección dependiente de la subsecretaría, se eliminarían los directores de área que en términos de salarios afectan el gasto del gobierno.
Hoy, frente al cambio de gobierno se habla de la conveniencia de propuestas de cambio que inicien una verdadera limpia en esa parte históricamente corrupta del organigrama como ha sido el área del transporte… (Me leen el lunes).
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