El pasado 21 de Junio del año presente, una niña de aproximadamente 12 años perteneciente a la etnia embera chamí sufrió el peor de los crimenes hacia cualquier persona: una violación efectuada por 7 soldados en en el corregimiento Santa Cecilia, de Pueblo Rico, en el estado de Risaralda.
La Procuraduría General de Colombia sancionó por violación y secuestro ademas de destitución e inhabilidad general por 20 años, la máxima sanción que puede imponer la procuraduría contra los 7 soldados de nombres: Juan Camilo Morales Povea, Yaír Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, quienes estan detenidos en una cárcel para militares en Bello, Antioquia.
El falló que se leyó y consta de 100 paginas se pudo comprobar que era verdad lo que narró la niña: "Salió de su casa a comprar frutas, cerca del colegio en donde acampaban los soldados, y que cuando ya estaba volviendo a su casa, uno de los uniformados la llamó al sitio en donde él estaba de guardia y, después de una conversación, la violó y llamó a otros compañeros para que hicieran lo mismo".
Juan Camilo Morales Povea fue identificado como el soldado que llamó a la niña para que atravasera la cerca y abusando de su estatus militar y simbolo de autoridad, al momento de ingresar a los matorrales violó a la niña y llamó a tres compañeros mas.
Los militares le taparon la boca a la niña para que no gritara, y le amarraron las manos. Todos la abusaron excepto Luis Fernando Mangareth Hernández, quien, según la Procuraduría, si bien no la agredió sexualmente, colaboró a sus compañeros pues prestó vigilancia mientras ellos violaban a la menor.
El documento expresa: que esta totalmente demostrado que el 21 de junio entre las 7 y 9 de la noche, en inmediaciones del Colegio Pío XII, "la menor víctima fue accedida carnal y violentamente por lo menos por 6 soldados (...) Mangareth vigiló la consumación", se leyó.
Y como en todos los casos, la defensa apeló esta decisión de la procuraduría argumentando que no se respetaron todas las garantías, que en el fallo solo se tuvo en cuenta el testimonio de la menor y que "un testimonio (de violación) no se tiene que creer siempre sino que se debe valorar junto con otras pruebas".