Sin duda alguna, lo más importante del inicio de este mes es el asesinato del Presidente Municipal de Xoxocotla, Benjamín López Palacios, quien, como ya es costumbre en el estado, fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio, en la calle 5 de Mayo, del centro del municipio, hecho que conmocionó a la sociedad y clase política de Morelos, y -como siempre- la autoridad dice que se aplicará todo el peso de la ley, la que al parecer está hueca, pues en verdad no pesa nada ya que no se aclara nada.

El presidente indígena fue atacado con armas de alto calibre por sujetos desconocidos. Durante la agresión, recibió dos impactos de bala en la cabeza y dos más en el tórax, según los reportes policiacos. Los hechos ocurrieron a las 15:30 horas del martes pasado, dentro de su casa. El Gobernador de Morelos, en un mensaje digital, a través de su red social de Twitter, expresó: “Lamento profundamente el cobarde asesinato del Alcalde de Xoxocotla, Benjamín López. Condeno el atroz crimen, llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia”.

Las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) han informado de manera oficial desconocer el móvil del crimen, por lo que desplegó un operativo especial en donde participaron elementos de la Policía Morelos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, para descubrir el paradero de los posibles responsables del homicidio.

Pero lo increíble de esta situación es que los diputados, como Juan Pirulero, sólo buscan su juego, valiéndoles poco lo grave de la situación de la seguridad cuando un Presidente Municipal es asesinado en su casa, a mediodía y de manera impune.

Las cosas son muy simples: impera el principio de “primero yo y lo mío y después el estado”. Creo que es muy grave la situación. En el Congreso, donde no hay acuerdos, sería importante, sin embargo, que los legisladores tomaran en cuenta la inseguridad en que vivimos y se haga algo para evitar seguir con esta impunidad. Los legisladores son los que deberían de exigir al gobierno la seguridad de los morelenses; pero mire en lo que están:

Después de que la Comisión Permanente aprobara y regresara las comisiones y la Junta Política y de Gobierno del Congreso a las diputadas a las que se las habían retirado, el presidente de la mesa directiva, Francisco Sánchez Zavala, consideró que fueron ilegales esas acciones. En tanto, un grupo de legisladoras retuvo al director de Servicios Legislativos, Luis Ocampo, quien se negó a firmar dichos acuerdos.

El parlamentario del Partido Acción Nacional, en entrevista, dio a conocer que con los acuerdos de las tres diputadas: Ariadna Barrera, Macrina Vallejo, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y Mirna Zavala Zúñiga, quienes intentaron durante la Sesión Permanente del Congreso aprobar de forma ilegal el que les regresaran las comisiones que, por mayoría, les retirara en diciembre el G11.

Incluso, Sánchez Zavala y Luz Dary Quevedo Maldonado decidieron retirarse de la Sesión Permanente para no avalar lo que calificaron como ilegal e ilegítimo, en razón de que tal acción tendría que ser en la sesión de plenos del Poder Legislativo; lo que es muy grave, ya que, en lugar de retirarse, deberían de haber tratado llegar a un consenso, que es lo importante en la política de un cuerpo legislativo.

Las tres diputadas determinaron continuar en el Salón de Comisiones y, de manera ilegítima, continuar con la ‘sesión’ que no tenía sustento, porque aprobaron diversos acuerdos sin tener las facultades para ello; situación en la que, se dijo, a todas luces no puede constituirse como un acto válido.

El mismo legislador señaló que le solicitaron la inclusión de varios puntos de acuerdo en los que, incluso, se pretendía modificar la integración de la Junta Política y de Gobierno, para regresárselas a la diputada Paola Cruz Torres, al igual que las comisiones legislativas que integran en el Congreso del Estado.

En razón de ello, el diputado subrayó que, “en estricto apego al principio de legalidad”, aclaró reiteradamente a las diputadas que las atribuciones de la Diputación Permanente se encuentran establecidas en el artículo 56 de la Constitución local, en los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y los correlativos 39, 40 y 41 del reglamento respectivo, lo que, analizado al respecto, el presidente asegura que los acuerdos son inválidos.

Derivado de la negativa del director de Servicios Legislativos de firmar los acuerdos que se dieron durante la Sesión Permanente del Congreso del Estado, las legisladoras Ariadna Barrera y Macrina Vallejo, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y Erika Hernández Gordillo, de Redes Sociales, decidieron enfrentar y retener al director, anunciando que llamarían a la Fiscalía Anticorrupción para que constatara las inconsistencias y actos ilícitos que se estaban cometiendo en el Legislativo.

Lo importante de todo esto sería conseguir que los diputados se conduzcan con la legalidad que impone la ley. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León

lavinleon@gmail.com
Twitter: @teolavin


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