Ya se habla de una próxima elección con la cual se nombrará a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a magistrados jueces y los miembros del Tribunal Superior de Justicia, y la incertidumbre entre los abogados es verdaderamente preocupante, pues los cambios legales que han hecho a la carrera no están haciéndose bien y de manera ordenada. Las prisas siempre traen problemas mayores y ahora tienen que estar mandando adéndums para componer lo que no está bien, pero lo grave no es sólo eso; hay una gran suspicacia sobre el número de inscritos, pues dicen que rellenaron hasta con burócratas que no son abogados; en fin, todo un problema real porque lo harán a través de una tómbola, lo que, como profesional, me parece absurdo.
Pero lo peor no es eso, sino que el gobierno federal no quiere entregar todo el dinero para la elección del 1º de junio, desde la presidencia se está manejando que no pueden dar esa cantidad, pero para que la elección se haga como debe de ser faltará dinero y tiempo, ya que tampoco quieren correr dos meses para la elección. La verdad, no se entiende la prisa y que no quieran pagar lo que solicita la autoridad electoral, la democracia cuesta, sobre todo porque sale más barato hacerlo bien que hacerlo mal y a la carrera, lo que desde luego traerá menos certeza de la que podemos ver en estos momentos en que ya hay dudas sobre la veracidad del número de inscritos, y mucho más grave será que quede la sospecha de que la elección no es democrática.
Ahora tienen el poder y no pasará nada pero el gobernar desgasta y, si bien es cierto que Morena está dividido, también es cierto que la oposición no existe en realidad a nivel nacional, por lo que seguirán así algún tiempo, siempre y cuando el vecino del norte lo permita, nos guste o no.
Pasando a otras cosas, la pasarela de los miembros del gabinete estatal ya se inició y cada uno de ellos tratará de convencer a los diputados; la cosa no es sencilla, pues cada quien quiere su parte y, al parecer, los miembros del Congreso no van a verse fácilmente convencidos. Será necesario que veamos cómo los cabezas de sector se desarrollan en la política real, que es la de llegar a consensos; la cosa no es fácil, ya que hay muchísimos intereses incluido el futuro y hasta lo económico.
Para el presupuesto se cierne la sombra del aumento de impuestos, que ya la Secretaría de Hacienda se ha dedicado a explicar, además del aumento del 3% a la nómina que no ha hecho nada feliz a los empresarios; habrá que estar pendientes y esperemos que el nuevo gobierno salga adelante, porque las cosas, económicamente, se las dejaron muy mal y terminarán el año con alfileres.
Será importante que se fijen responsables de los supuestos fraudes que cometieron aparentemente en el gobierno anterior; se han anunciado, pero esperemos que no se quede como siempre en noticia, sino que en realidad quien la deba la pague, trátese de quien se trate, lo que daría una confianza más grande al nuevo gobierno.
El gobierno de Morelos tiene una deuda histórica en materia de seguridad pública. El modelo utilizado en los últimos 12 años no ha funcionado y la sociedad tiene tedio y miedo. El compromiso debe ser cumplido de manera implacable.
Morelos, una entidad con una rica historia cultural y geográfica, se ha visto en los últimos años sumida en una crisis de violencia que ha marcado de manera preocupante su presente y futuro. A pesar de sus atracciones turísticas y su importancia histórica en México, el estado se enfrenta a un incremento en los índices de inseguridad y crimen organizado. La violencia en Morelos se ha convertido en un tema central que afecta tanto a la población como a las autoridades locales y federales.
Según datos oficiales, el año 2023 cerró con cifras alarmantes que colocaron a Morelos entre los estados con las tasas de criminalidad más altas de México. Estos actos, en su mayoría atribuibles a bandas criminales que luchan por el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos, han llevado a un sentimiento de temor y desconfianza entre los habitantes.
Las autoridades locales han luchado por mantener el orden, pero la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad se ha visto superada por la magnitud de la violencia.
Uno de los factores que ha contribuido a la violencia es la fragmentación de los grupos delictivos. Bandas como el Cártel de los Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han intensificado su lucha por el control de rutas de tráfico de drogas y otras actividades delictivas, resultando en enfrentamientos sangrientos. Las víctimas de esta guerra son en su mayoría civiles inocentes, incluyendo a mujeres y niños, cuyas vidas se han visto truncadas por el fuego cruzado o la violencia de los grupos armados.
El gobierno estatal, por su parte, ha implementado diversas estrategias para combatir la violencia, como la creación de brigadas de seguridad y la colaboración con fuerzas federales. Sin embargo, la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo de las fuerzas de seguridad y la resistencia de algunos sectores a colaborar con las autoridades han limitado la efectividad de estas medidas.
La solución a la violencia en Morelos requiere un enfoque integral y coordinado que incluya tanto la seguridad como el desarrollo social y económico. Es fundamental fortalecer la cooperación entre gobiernos federal, estatal y municipal, así como impulsar políticas públicas que ofrezcan alternativas económicas y de educación a las comunidades más vulnerables. Sólo mediante un compromiso y trabajo en conjunto se podrá comenzar a revertir el ciclo de violencia y construir un futuro más seguro para todos los morelenses. ¿No cree usted?
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