En un escándalo de proporciones épicas se ha convertido la noticia que un periódico de circulación nacional publicó, como su principal, para acusar al ex Rector de la UAEM de su participación en la “Estafa maestra”.
Se informa que los casos específicos en los que se acusa a la UAEM, son siete (4 en 2013 y 3 en 2014) y la Auditoria Superior señala que comprobó la comisión de distintas irregularidades, de manera constante, en un esquema de dispersión de dinero bajo los mismos patrones de actuación ilegal, mayoritariamente con “empresas fantasma”.
En resumen, estas acciones son: La universidad morelense, en la mayoría de los casos subcontrató a diversas empresas; el problema es que las empresas subcontratadas no existen y su objeto social no tiene relación con la actividad para la que fueron contratadas, o es muy claro que se constituyeron con la única razón de cubrir el expediente para la adjudicación de los contratos por los 77 millones de pesos.
Grave problema que se convierte en una verdadera piedra en el zapato para la UAEM; ya que, al parecer, el mal manejo de estos recursos ha detenido el apoyo federal a la universidad, dándole problemas mayores.
La actual administración ha ahorrado una cantidad considerable, de varios millones de pesos, con el nuevo sistema implantado, pero la carga de esta acusación no le ha dejado alcanzar los recursos necesarios para funcionar de manera adecuada, ya que mucho se ha hablado de ella, pero la verdad ha sido poca la información que en el estado se ha manejado. Según el diario de difusión nacional, es abultado expediente con el que la Fiscalía General de la República recibirá a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social este jueves, en un juzgado federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, por las múltiples acusaciones dentro de la llamada “Estafa Maestra”; y el Representante Social tiene preparada una carpeta paralela, por un fraude cometido a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de Alejandro Vera Jiménez.
Como ya se explicó anteriormente, es el pago de 77 millones de pesos a la máxima casa de estudios de nuestra entidad, para el levantamiento de encuestas a aplicar, presuntamente, a más de 6 millones de personas; pero de las cuales sólo fueron en realidad realizadas 1 millón 48 mil 575, señala el periódico.
Este fin de semana el diario de circulación nacional, en lugar preferente, dio a conocer que el contrato de ese servicio se firmó el 1º de septiembre de 2014, entre la Sedesol (ahora Secretaría del Bienestar) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabezada entonces por Alejandro Vera.
Todo un embrollo muy bien hecho, ya que las características de los desvíos que se realizaron en varias universidades se hicieron de la misma forma; por ello, “Mexicanos contra la corrupción” le llamó la Estafa Maestra: la secretaría federal contrataba a una universidad para la realización de un supuesto estudio; el centro educativo, a su vez, subcontrataba a alguna empresa para el mismo propósito (la gran mayoría de las tales empresas eran definidas por la autoridad federal como “fantasma” o nada tenían que ver con el rubro); ésta se llevaba la mayor cantidad, mientras que las casas de estudio se quedaban con un porcentaje menor, lo que significaba su presunta ganancia, como “recompensa” por su participación.
El contrato en cuestión, signado entre las partes, implicaba que, además del levantamiento de la encuesta, la UAEM también se encargaría de verificar la información y datos personales de los beneficiarios en seis entidades: Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Veracruz.
Según el diario, la Auditoría Superior de la Federación revisó ese convenio y encontró que de los seis millones 700 mil 164 beneficiarios que debieron ser encuestados, únicamente un millón 48 mil 575 fueron entrevistados, lo que representa el 15.6 por ciento. Pese a que prácticamente el 85 por ciento de lo pactado no se realizó, el total fue pagado el ocho de diciembre de 2014. La investigación de la ASF, según la misma fuente, identificó que el 28 de noviembre de 2014 la institución educativa subcontrató los servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, por 73 millones 160 mil pesos.
Así, la FGR investiga a la ex titular de la Sedesol; al ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa; al ex Director General de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez; al ex Coordinador de Delegaciones, Simón Pedro de León Mojarro y al ex Director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, esos en el plano federal, así como a los delegados federales y a los funcionarios de la universidad.
El problema es bastante vergonzante, pero lo peor es que esto afecta las negociaciones que la actual administración de la UAEM lleva a cabo con el gobierno federal, para que se le dé el rescate financiero que necesita para no tener problemas económicos durante el segundo semestre del año y que, si no llega, se perjudicaría a más de 40 mil estudiantes y más de seis mil administrativos, sin olvidarnos de los académicos de la institución. Por lo que es indispensable que se aclare en beneficio de todos y que pague el que tenga que pagar. ¿No cree usted?
Teodoro Lavín León
lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin