Prófuga de la justicia, fue declarada la ex Presidenta del Congreso, por lo que la Fiscalía Anticorrupción tramitó ficha roja y emitió alerta migratoria ante la intención de la ex legisladora de abandonar el país; el Fiscal Anticorrupción, alias “No doy una”, confió que se realizaron dos cateos y la imputada no fue encontrada; por lo tanto, hay una intención de no presentarse ante la autoridad para aclarar las acusaciones en su contra.
Por la madrugada se llevaron a cabo dos cateos en los domicilios que se conocen de la ex Diputada Presidente del Congreso de Morelos, con el fin de tratar de ejecutar la orden que fue girada en su contra por un juez de control de Cuernavaca, por lo que se giró orden de aprehensión.
Al parecer, no es más que llamarada de petate, ya que la Fiscalía Anticorrupción no ha dado una; hasta parece que las denuncias que presenta son endebles a propósito, para que puedan salir libres los acusados, como lo hizo el ex Administrador del DIF Morelos, del que todo mundo sabe que no sólo hizo negocio ahí, sino que fue quien le compraba las casas a la señora Cepeda, que se hinchó de dinero de los morelenses. Así que la fiscalía, al parecer, sigue las órdenes del ex gobernador para que solo se haga escándalo pero los acusados queden libres.
A pesar de ello fue solicitada una alerta migratoria y se ha tramitado ficha roja, para que sea a través de la Interpol que puedan localizarla, ya que todos sabemos que la ex diputada no se presentó a la audiencia de formulación de imputación a la que estaba citada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya.
“Bety la gran traidora”, como ya es conocida, comenzó lambisconeando en la política a la sombra de Maricela Sánchez; ésta la hizo presidente del organismo priista de Mujeres en Morelos, a la que traicionó. Luego colaboró con la campaña de Maricela Velásquez, a la cual también traicionó, haciéndose muy amiga de la senadora líder de las mujeres del PRI, quien la apoyó para que, por equidad de género, llegara a la candidatura del PRI como diputada en la lista plurinominal.
De esa manera, llegó a ser integrante de la LIII Legislatura en el grupo parlamentario del PRI, pero el pasado 17 de abril de 2017, siendo ya Presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, renunció al PRI y, volviendo a traicionar, anunció su afiliación a la bancada del PRD, donde fue bienvenida por el entonces dirigente estatal y hampón mayor, Rodrigo Gayosso.
En su desempeño como Presidente de la Mesa Directiva, y como parte del PRD, Beatriz Vicera Alatriste dejó de pagar salarios al personal de confianza de sus compañeros diputados, lo mismo que las prestaciones económicas para los empleados y el retraso en el pago del personal de base; y se clavó el dinero, como era de esperarse. Además, suspendió el pago del Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria y las cuotas patronales y de los empleados al Instituto de Crédito, a pesar de que en ambos rubros el dinero fue descontado puntualmente del salario de los trabajadores.
Beatriz fue señalada por el desfalco y las deudas que dejó, además de una pareja sentimental con trabajo y sindicalizada, lo que suma más de 300 millones de pesos, según cuenta el personal que laboró dentro de la Tesorería de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la fiscalía, casualmente, sólo la señala por desvío de 20 millones de pesos, junto con otros de sus compañeros del PRD. Y, para variar, de última hora trascendió que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos concedió la suspensión definitiva a la ex diputada, para que no sea detenida ni presentada ante la autoridad, mediante el argumento de que sigue en Cuernavaca, pero recibiendo atención médica, según habría dicho su abogado Jesús García Aguilar.
O sea que volvió a perder el Fiscal Anticorrupción y no se entiende para qué le pagan a este señor que todo hace mal y que sigue trabajando para el régimen anterior. Ya es hora de que el Congreso del Estado tome el toro por los cuernos y lo destituya por inepto o, incluso, por complicidad con el pasado régimen.
La última noticia es que el 98 por ciento de obras públicas que se ejecutaron en la administración anterior fueron ejecutadas sin la licitación que marca la ley, lo que se tradujo en desvíos del erario de aproximadamente 20 mil millones de pesos, suma que casi corresponde al presupuesto anual de la entidad.
Como noticia, ésta es escandalosa, ¿pero de qué sirve si no pasa nada? Sabemos de los robos, de la manera en que saquearon al estado y sólo vemos que, a la hora de hacer justicia, el inepto Fiscal Anticorrupción se equivoca a cada paso, lo que en verdad ya es muy sospechoso. ¿No cree usted?
Teodoro Lavín León
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