En Morelos, la corrupción no es un rumor: es una constante en la conversación pública. Todos los días nos enteramos de presuntos desfalcos, contratos inflados, obras inconclusas, desvíos de recursos y administraciones pasadas que dejaron más dudas que respuestas. Sin embargo, frente a ese escenario, la gran pregunta es inevitable: ¿qué está haciendo realmente la Fiscalía Anticorrupción?
El estado sostiene una estructura robusta, con un presupuesto nada menor y un equipo amplio de abogados, fiscales, peritos y personal administrativo. Mantener esa oficina cuesta millones de pesos al año. Es dinero público, dinero de los contribuyentes, dinero que podría destinarse a seguridad, salud o infraestructura. Por ello, la exigencia mínima es clara: resultados tangibles.
Pero esos resultados no se ven. Enviar un caso al Ministerio Público no puede considerarse un logro suficiente para una institución creada específicamente para combatir la corrupción de alto nivel. Judicializar una carpeta, anunciar que se “investiga”, informar que “se integra expediente” o que “se analiza documentación” son pasos administrativos, no victorias contra la impunidad. La ciudadanía espera algo más que boletines.
En Morelos hemos sido testigos de señalamientos públicos contra exfuncionarios de distintas administraciones. Se habla de irregularidades millonarias, de observaciones de auditorías, de cuentas públicas rechazadas, de contratos dudosos. Los números que circulan son escandalosos. Pero cuando se pregunta cuántos responsables están vinculados a proceso, cuántos enfrentan prisión preventiva o cuántos han sido sentenciados, el silencio se vuelve incómodo.
¿Dónde están las órdenes de aprehensión? ¿Dónde están las sentencias firmes? ¿Dónde está la recuperación del dinero público?
La lucha anticorrupción no puede quedarse en la etapa mediática. Si no hay consecuencias legales reales, el mensaje que se envía es devastador: en Morelos se puede malversar sin pagar el precio.
Es importante decirlo con claridad: combatir la corrupción no es sencillo. Las investigaciones requieren técnica jurídica, integración sólida de pruebas y procesos largos. Pero precisamente por eso existe una Fiscalía especializada, con recursos humanos y financieros diseñados para ese propósito. Si después de años de operación no hay resultados proporcionales al tamaño del problema, algo no está funcionando.
La percepción ciudadana comienza a ser peligrosa. Se instala la idea de que la Fiscalía Anticorrupción es un órgano costoso, pero ineficaz. Que funciona más como aparato burocrático que como instrumento de justicia. Que sirve para administrar expedientes, no para encarcelar responsables. Y esa percepción erosiona la confianza institucional.
El combate a la corrupción no puede depender del discurso político de cada administración en turno. No puede convertirse en herramienta selectiva ni en amenaza coyuntural. Debe ser una política permanente, técnica, imparcial y contundente. Si existen desfalcos documentados, debe haber imputaciones. Si hay responsabilidades administrativas graves, deben escalar a responsabilidades penales. Si hubo daño patrimonial, debe haber reparación. De lo contrario, la Fiscalía se convierte en un simulacro caro. Morelos no necesita más anuncios; necesita resultados. No necesita ruedas de prensa; necesita sentencias. No necesita estructuras infladas; necesita eficacia. Cada mes que pasa sin acciones visibles alimenta la sospecha de que la corrupción sigue teniendo protección política o jurídica. Y eso es aún más grave que el propio desfalco. La pregunta final es incómoda pero necesaria: ¿para qué existe una Fiscalía Anticorrupción si no logra desarticular redes de corrupción ni llevar a prisión a quienes saquearon el estado? No se trata de linchamientos mediáticos ni de juicios sumarios. Se trata de aplicar la ley. De que el costo del delito sea mayor que el beneficio. De recuperar la credibilidad institucional.
Morelos ha pagado demasiado por la corrupción. Lo mínimo que puede exigir es que la institución encargada de combatirla funcione. Porque mientras no haya consecuencias, la impunidad seguirá siendo la regla.
Y la Fiscalía, pese a su presupuesto millonario, seguirá siendo vista como una oficina más… no como el instrumento que prometió ser. ¿No cree usted?
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