El juicio que ha iniciado el Consejo Electoral del Instituto de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado en contra del Gobernador, la Secretaría de Hacienda y el Congreso del Estado, es la muestra más clara de que las instituciones electorales están mal; no puede ser posible que las autoridades, la electoral y la gubernamental, no se pongan de acuerdo en algo tan simple como el presupuesto.
La denuncia la hace un consejero, no entiendo por qué pues un asunto de tal trascendencia debería de ser el presidente del instituto quien lo diera a conocer a los medios de comunicación. La nota dice lo siguiente:
“El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) aprobó este domingo en sesión extraordinaria la presentación de un juicio electoral en contra del Gobernador del Estado, la Secretaría de Hacienda y el Congreso del estado, por no entregar al instituto los recursos necesarios para la organización y desarrollo del proceso electoral 2020-2021”.
Y aquí se inicia una muy mal hecha explicación de qué les dio el Congreso, donde no aclara cuánto es para cada rubro y por qué hace falta una serie de rubros, de los cuales habla al final de la misma. Dentro del paquete económico 2021, el Poder Legislativo otorgó 179 millones 352 mil 921 pesos al Impepac; sin embargo, a decir del mismo consejero electoral, Alfredo Javier Arias Casas, ni el Ejecutivo ni el Legislativo autorizó un solo peso para el desarrollo del proceso electoral -esta afirmación es muy grave y no creo que sea cierta- y es que dicha cantidad se divide en las asignaciones a los partidos políticos.
El Impepac debe otorgar 84 millones 374 mil 763 pesos para el gasto ordinario de los partidos políticos y 25 millones 312 mil 429 pesos para gasto electoral; así como 5 millones 62 mil 486 pesos para actividades de representación política, y 2 millones 531 mil 243 pesos para actividades específicas.
Después señala que se pide una ampliación, no entiendo por qué. Frente a este panorama, el pasado 13 de enero el CEE del Impepac aprobó solicitar al titular del Poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal en turno, por la cantidad de 243 millones 512 mil 622.40 pesos.
Refirió que si el gobierno estatal tiene dudas respecto a la aplicación de los recursos del Impepac, está facultado y está en su derecho de iniciar una auditoría en tiempo real, lo cual ayudaría a no estar cuestionando la labor de la institución, toda vez que la respuesta de la titular de Hacienda estatal, Mónica Boggio Tomazas Merino, a la solicitud de ampliación presupuestal, refleja que pretenden decirles cómo manejar su presupuesto, lo que estaría vulnerando las competencias constitucionales que tiene el organismo electoral local.
Finalmente, el Consejero Presidente provisional del Impepac, Pedro Gregorio Alvarado Ramos, advirtió que la presentación del juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue informado ya a las autoridades estatales, y el acuerdo para la presentación del juicio electoral fue aprobado por unanimidad.
Asimismo, señalan como los rubros para lo que quieren la ampliación presupuestal son los siguientes:
-Revisión y validación de materiales didácticos de capacitación.
-Pago de rentas, sostenimiento y mantenimiento de los inmuebles donde se encuentran instalados los 12 Consejos Distritales y 36 Municipales.
-El pago de las remuneraciones de los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, los cuales se integran por un consejero presidente, un secretario y cuatro consejeros.
-La habilitación de los Consejos Distritales y Municipales para contar con las herramientas necesarias para la implementación de las sesiones remotas, dada la pandemia por COVID-19.
-Atender el tema de la documentación y materiales electorales.
-Licitación para la adquisición de los materiales electorales.
- Impresión y producción de la documentación electoral.
-La contratación de los Supervisores Electorales Locales.
-Organización de los debates.
-Licitación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la Entidad.
-Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional.
El problema no son los rubros sobre los que se solicita el recurso, sino la falta de capacidad para generar los consensos con el Gobierno del Estado; el Congreso todo le aprueba, así que no es problema, lo preocupante es que una institución electoral, que debe de ser ejemplo en allegarse consensos, no pueda hacerlo con el gobierno estatal, que sería uno de los más simples. El proceso está en marcha y no puede detenerse, así que esperemos que este problema se solucione para beneficio de todos. ¿No cree usted?
Por Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin