Vivencias ciudadanas: El homicidio y la gobernabilidad

El homicidio del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el primer día de noviembre de 2025 durante un evento público, detonó una olea da de indignación social y protestas en Michoacán, que tienen implicaciones más amplias para la gobernabilidad en estados vecinos como Morelos. Aunque el hecho no ocurrió en Morelos, las dinámicas subyacentes —violencia política, fragilidad institucional, movilización digital ciudadana— contienen lecciones directas para la estabilidad de los gobiernos municipales y el estado en general. Manzo, alcalde electo como independiente en Uruapan, había denuncia do la violencia del crimen organizado en su territorio y asumido una postura pública de confrontación. Su asesinato, en plena celebración del Día de Muertos, en medio de 14 guardias de la Guardia Nacional, que supuestamente lo cuidaban, fue captado por cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando convocatorias a protestas bajo consignas como “¡Ya basta de abusos y omisiones!” o “¡El gobierno lo mató!”. Las redes sociales ejercieron como vocero y motor de la movilización, con videos del momento, llamados a manifestarse, hashtags de repudio institucional. Esa visibilidad amplificó el impacto simbólico del crimen. Aunque Morelos no es sede del hecho, los estados comparten retos similares: alta incidencia de violencia, presencia criminal y fragilidad de gobiernos locales. En Morelos, varios municipios enfrentan ausencia de poder efectivo, desafío de las policías municipales, y denuncias de nexos entre autoridades y el crimen organizado. Por ejemplo, en Morelos la Fiscalía abrió investigaciones por presuntos vínculos de funcionarios con el Cártel de Sinaloa. Así, un episodio como el de Uruapan funciona como señal de alerta cuando la muerte de un alcalde moviliza a redes y protesta ciudadana masiva, y también genera una presión hacia los gobiernos locales y estatales a “hacer algo”, o al menos mostrar que pueden hacerlo. En Morelos, ante este nivel de visibilidad, la gobernabilidad se ve expuesta a tres desafíos principales. La movilización digital en torno a Manzo proyectó la idea de que el Estado no pudo proteger a un funcionario público electo, lo que erosiona la confianza ciudadana. Cuando esa narrativa trasciende, los ciudadanos en otros estados preguntan: si así ocurre en Uruapan, ¿qué garantía tengo en mi municipio? En Morelos, esa pregunta alimenta la sensación de vulnerabilidad y la necesidad de que las autoridades respondan con resultados, no sólo con discursos. La gobernabilidad —la capacidad de los poderes públicos para gobernar, conservar el orden, e implementar políticas— se ve comprometida desde la óptica ciudadana. Si la población cree que el Estado no actúa, puede volverse más proclive a la movilización, desconfianza, autogobierno informal o rechazo a la autoridad local. El uso de redes sociales como mecanismo de difusión transforma un crimen local en un fenómeno de escala regional o nacional. Esto ejerce una presión adicional sobre los gobiernos para que actúen rápido, transparentemente y con eficacia. En Morelos, si bien el hecho no es directo, los gobernantes locales deben operar en un contexto en que la “mirada pública” se vuelca hacia cada caso de violencia. Esto significa que una mala gestión o una respuesta tardía podrían derivar en cuestionamientos de legitimidad. La gobernabilidad no depende únicamente del control físico del territorio, sino también de la percepción de que las instituciones funcionan. Y en la era digital, esa percepción se construye (y destruye) muy rápidamente mediante redes sociales. Cuando los ciudadanos observan que una protesta masiva es convocada por redes sociales (como el día de ayer), incorporan el recurso de la movilización como vía de presión política. En Morelos, esto implica que cualquier caso de violencia municipal o estatal puede convertirse en foco de activismo digital y manifestaciones. El riesgo es que la gobernabilidad local –que se basa en la rutina institucional y en el cumplimiento de funciones básicas– se vea interrumpida por crisis de contingencia, demandas emergentes y movilización popular. Esto exige que las autoridades tengan protocolos, canales de comunicación efectivos y capacidad de responder sin caer en improvisación. Declarar que los delitos de alto impacto han bajado no es solución, porque ya nadie lo cree. Los municipios de Morelos deben reforzar sus esquemas de seguridad no sólo operativos, sino de prevención de violencia política. Si la muerte de un alcalde es el detonante, la protección de autoridades, así como la transparencia en investigaciones, se vuelve parte de la gobernabilidad. La coordinación entre municipio, estado y federación es clave. La movilización digital por el caso de Uruapan puso en evidencia que los ciudadanos exigen acción más allá de niveles locales. En Morelos, el gobierno estatal debe anticipar la posibilidad de que hechos similares generen atención pública masiva. La comunicación institucional no puede esperar. Cuando redes sociales se llenan de indignación, el silencio o la información parcial agrava la crisis de gobernabilidad. Informar, escuchar y gestionar la indignación ciudadana se convierte en tarea gubernamental. Finalmente, la legitimidad institucional está en juego. En un contexto donde la violencia política ocurre y las protestas se nutren de redes, el ejercicio del poder local debe demostrar capacidad de gobernar, de dar resultados y de proteger al ciudadano. El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan y el consecuente movimiento en redes sociales no sólo es un episodio trágico, es un termómetro de gobernabilidad para estados como Morelos. La combinación de violencia política, indignación pública, movilización digital y presión sobre las instituciones genera un escenario complejo. La gobernabilidad depende tanto de lo que se hace como de lo que se comunica y lo que se percibe. En Morelos, donde ya existen desafíos estructurales en materia de seguridad, autoridad local y credibilidad institucional, eventos de este tipo aumentan la exigencia de que la acción gubernamental sea creíble, rápida y eficaz. Tenemos que estar conscientes de que la gobernabilidad ya no se construye sólo entre escritorios, ni con declaraciones basadas en estadisticas; las redes sociales, la visibilidad inmediata y la movilización ciudadana son ahora componentes activos del contexto político-institucional. Mientras las autoridades de Morelos evalúan su capacidad de respuesta, la ciudadanía observa y actúa. La gobernabilidad está en juego. ¿No cree usted? El próximo viernes 8 de noviembre, desde el Met de New York, la ópera “La Boheme”, de Puccini, en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 12 del día. Amigos de la música invita y, por lo tanto, es un evento de calidad como siempre. No se la pierda.