Al parecer, cuando menos del Congreso sí tenemos noticias. Después de haber suspendido 21 “pensiones doradas” otorgadas por la anterior legislatura, declara ahora la Presidenta de la Junta política y de Gobierno y Presidenta de la Comisión del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez, que dicha institución formalizó denuncias en contra de ex funcionarios que resultaron beneficiados con pensiones injustificadas: los ex funcionarios de la pasada administración estatal y de la LIII Legislatura. La diputada informó que en los próximos meses se cancelarán 17 pensiones más que fueron autorizadas de manera irregular.
Algo que todos esperamos, ya que, al parecer, los ayuntamientos anteriores  otorgaron a funcionarios públicos documentos apócrifos, en los cuales se señala que laboraron en dichos ayuntamientos; lo que desde luego es falso y pone al filo de la justicia a los funcionarios municipales que firmaron dichos documentos, por entregar  información falsa al Congreso del Estado.
En entrevista, la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo  informó que siguen aportando pruebas ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción –esperando que esta última al fin funcione- sobre las irregularidades que cometieron ex colaboradores del ex gobernador perredista Graco Ramírez y los ex diputados de la LIII Legislatura para autorizar pensiones onerosas e injustificadas.
“Estamos trabajando con los fiscales sobre el tema de las jubilaciones doradas, ya se aportó la información para que puedan actuar, ya no está en nuestras manos, ya toda la información que tenía se entregó a las fiscalías. La Comisión del Trabajo estuvo en la fiscalía entregando libros, carpetas, folders... nosotros ya entregamos todas las documentales”, refirió la legisladora.
Explicó que las pruebas aportadas a la autoridad judicial corresponden a los documentos apócrifos que expidieron los ayuntamientos con los que los ex funcionarios beneficiarios pudieron comprobar años de servicio que nunca trabajaron, además de otras documentales sobre las irregularidades que cometieron los ex diputados para autorizar tales retiros.
Rodríguez Ruiz aseguró que, en los próximos meses, la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que ella preside, presentará ante el Pleno del Congreso 17 dictámenes nuevos de jubilaciones y pensiones que deben ser canceladas, porque se aprobaron fuera de la ley, lo que en realidad es urgente, pues los beneficiarios están viviendo de una prerrogativa que no debieron tener y que es una transa más del gobierno anterior.
Dijo que están a la espera de que Cuautla y Yautepec respondan a las solicitudes de información que les hizo el Poder Legislativo, para corroborar que también dichos procesos fueron aprobados fuera de la ley, y fue contundente al afirmar que no les preocupa que los jubilados y pensionados, a los que se les canceló su privilegio, obtengan el amparo de la justicia federal, ya que existen elementos para comprobar que incurrieron en delitos graves y no cumplieron con el proceso de ley para su retiro.
Por cierto: también en entrevista, la diputada Guevara Ramírez de Movimiento Ciudadano señaló que la nueva Ley de Participación Ciudadana podría aprobarse en los primeros días de septiembre próximo y aseguró que la figura de revocación de mandato será incluida.
Este viernes, el Congreso local concluyó los cinco foros regionales de consulta que se llevaron a cabo en el estado, con la finalidad de recabar propuestas de la ciudadanía respecto a la nueva legislación, lo que nos parece muy interesante, ya que muchos de los interesados nunca fueron convocados.
La legisladora de MC refirió que, después de los resultados de los cinco foros, la próxima semana se presentará la iniciativa de ley para que, posteriormente, se trabaje con organizaciones civiles y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que será la autoridad que aplique el citado marco normativo para hacer valer las figuras de participación ciudadana; lo que es una tontería, ya que legislar es una prerrogativa de los ciudadanos y la ley en una parte le toca aplicarla al IMPEPAC, que no debe de ser juez y parte por lo pronto.
De acuerdo con Guevara Ramírez, una solicitud recurrente de los morelenses que participaron en los foros fue que se cree el mecanismo de revocación de mandato en la Constitución Política del Estado y en la nueva ley. Sin embargo, refirió que el Congreso de la Unión finalmente deberá aprobar dicha figura. Creemos que realmente la legisladora no entiende que los estados son libres y soberanos, por lo que no tiene nada que hacer una determinación de la cámara federal sobre una ley local.  
Otras figuras integradas en el artículo 19-bis son el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, Cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, presupuesto participativo, difusión pública, red de contraloría y gobierno abierto, y todas son parte de la nueva ley. Habrá que verla para juzgar. ¿No cree usted?

Teodoro Lavín León
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