Este juego perverso, que parece un chisme de vecindad, es resultado de la división interna del Congreso del Estado, donde hay quienes acusan a los fiscales y quienes los defienden, y todos vienen de la misma coalición, pero ni llegando juntos se ponen de acuerdo.

Por lo pronto, con ganas de echarle más leña al fuego, el titular de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado de Morelos acudió a la Delegación de la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia en contra del diputado local José Casas González, porque ha revelado datos clasificados del Sistema Nacional de Seguridad de Pública, lo que “es una cuestión muy delicada”, dijo el fiscal.

Al salir de la dependencia federal, explicó que el hecho de que el legislador del Partido del Trabajo divulgara esos datos sólo generó una cuestión delicada, “ese es el motivo por el que estoy aquí, para presentar una denuncia contra él”.

Basándose lealmente en lo estipulado en el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los datos que obran en los expedientes de los procesos de evaluación están clasificados como reservados y es un delito “grave” el ventilarlos, y van en contra de la seguridad nacional.

Por su parte, el diputado local afirmó que no reveló información confidencial. “Jamás he tocado una base de datos o sistemas informáticos”, dijo. En caso de ser cierto, aseguró, estaría dispuesto a “ir a prisión”; contradiciendo al fiscal que lo denuncia porque ha hecho del conocimiento del Congreso y del Poder Ejecutivo que los dos fiscales, el aludido y el general, no cuentan con los exámenes de control y confianza que demanda la normatividad. “La información que he presentado de manera institucional fue obtenida en mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, así como secretario de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas”.

Pero en el Congreso del Estado hay diputados de Morena que han declarado que el que no hayan presentado los fiscales los exámenes de confianza no es razón suficiente para relevarlos de sus cargos.

En fin, que el pleito es totalmente fuera de contexto, y mientras el Congreso no se ponga de acuerdo, o al menos la mayoría, no habrá solicitud de renuncia.

En una tontería más, el procurador anticorrupción detalló que la sanción podría ser hasta de ocho años de prisión, además de que hay presiones políticas: “El diputado ha tergiversado la información e ilícitamente obtuvo los procesos de evaluación y desconoce el delito, es muy delicado lo que hizo y tendrá consecuencias”, dijo el funcionario y urgió a los legisladores a presentar las pruebas que dicen tener, para poder avanzar en contra de ex servidores públicos señalados en las carpetas de investigación. “Es necesario que prueben que no avanzamos y que estamos siendo omisos (…), nosotros hemos avanzado y realizado todas las diligencias necesarias”, respondió el legislador. Insistió en que si el Poder Ejecutivo presenta las pruebas que dice tener, se judicializarían todas las carpetas que presentó el Gobierno del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción.

Qué ganas de echarle más leña a la hoguera; no entiendo cómo se pueden decir funcionarios públicos los que deberían saber cómo resolver las cuestiones legales de manera clara y de acuerdo con la ley. ¿Para qué tanta declaración y argüende? Primero pónganse de acuerdo los diputados y después ataquen; no saben el dicho de que “golpe que no tira fortalece”; y peor, ¿el fiscal anticorrupción qué tiene que estar amenazando con meter al diputado a la cárcel?, cuando hasta la fecha no le hemos conocido una acción contra el robo descarado de la pasada administración, que haya metido a algún ladrón de esos a la cárcel o cuando menos lo haya hecho regresar lo que se llevó. La ineficacia es clara.

El diputado se defiende señalando que no ha violado información de los exámenes de control y confianza del fiscal anticorrupción, “puesto que nunca los ha presentado”. Y preguntó: “¿Cómo puedo revelar una información de un examen que hasta la fecha no ha presentado?” Expresó que por lo tanto no existe, y que si fuera el caso, “¿dónde está?”

Insistió en que no hay registro de nada. Ambos fiscales “no me van a detener; no me van a intimidar; los hago responsables de cualquier atentado contra mi persona, familia y amigos”.

Por lo pronto, el legislador acudió ayer ante el Agente del Ministerio Público Federal para denunciar a ambos, que están “en flagrancia”. Y espera que, de manera inmediata, la autoridad se aboque a detenerlos. Dijo que están ejerciendo un cargo sin reunir los requisitos que estipula la ley, al referirse a los exámenes de control y confianza, lesionando, supuestamente, los cánones de seguridad pública federal.

Molestó por la respuesta del fiscal, recordó que Salazar Núñez adquirió un amparo el viernes pasado, argumentando cinco puntos; sin embargo, denunció que ese documento se lo dieron para que no fuera aprehendido e inhabilitado. “Estos dos no son fiscales; son piratas”, acotó.

Puras declaraciones y acusaciones, pero resultados no vemos. ¿No cree usted?

 

Por: Teodoro Lavín León

[email protected] / Twitter: @teolavin


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