CUERNAVACA, MORELOS .-Con el propósito de incentivar a los elementos de seguridad pública y darles mayores garantías para en el combate de la delincuencia, el Congreso contempla reformar la ley estatal en materia de seguridad social, para que las familias de los policías que mueran en cumplimiento de su deber, reciban una pensión al 100% del último salario del elemento.
De acuerdo con el diputado Julio César Solís Serrano, actualmente la ley otorga la pensión a los deudos de los policías que pierden la vida en el cumplimiento de su trabajo, pero ésta es calculada en función de los años de servicio que el efectivo haya tenido a la hora de su fallecimiento.
Bajo ese principio, la pensión es proporcional al último sueldo, siendo la mínima equivalente al 50% del salario; este criterio aplica de forma general para cualquier trabajador al servicio del Estado, cuando decide solicitar la pensión, por cesantía o por años de servicio.
Debido a que no es lo mismo solicitar y gozar de una pensión, como derecho laboral en vida, a garantizar que la familia la recibirá en caso de muerte por trabajo, el diputado promovió una reforma a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La idea es diferenciar el criterio de otorgamiento, para que tenga prioridad la causa de la muerte, a los años de servicio, explicó el diputado al momento de presentar la propuesta.
Insistió en que en Morelos es necesario que mejoren las condiciones de trabajo de los policías para abatir el déficit de elementos que actualmente enfrentan las corporaciones, tanto la del Estado, como las de los municipios.
Por lo que, consideró que no solo debe actualizarse el salario, sino también darles mayores garantías, ya que debido al alto grado de inseguridad que registra la entidad y el aumento de los grupos delictivos, ha aumentado el riesgo del trabajo de los policías.
Prueba de eso es que de 2010 a 2022, 33 uniformados han perdido la vida en funciones, subrayó el legislador.
POR: ANTONIETA SÁNCHEZ
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