Cuernavaca.- La administración de José Luis Urióstegui Salgado enfrenta una crisis de credibilidad tras revelarse que su director de Comunicación Social, Jorge Jiménez, opera como "juez y parte" en el manejo del presupuesto. Documentos en poder de Diario de Morelos confirman que el funcionario asigna mensualmente 81 mil 200 pesos de publicidad institucional a un medio de comunicación de su propiedad.

El negocio redondo: Se paga y se da el vuelto

La opacidad en el manejo de los recursos públicos en Cuernavaca ha alcanzado niveles alarmantes. Contratos oficiales emitidos y firmados por la propia oficina de Jorge Jiménez acreditan la asignación recurrente de fondos a la agencia "Infórmate y Más". Aunque la representante legal es Marisol Moreno Román, los registros vinculan directamente a Jiménez con esta plataforma.

Esta práctica representa un conflicto de interés directo. El funcionario encargado de decidir qué medios reciben dinero del erario ha optado por beneficiar a su propio bolsillo, utilizando la estructura administrativa del Ayuntamiento para asegurar pagos mensuales que, al menos en el primer bimestre de 2025, ya se encuentran documentados.

Sobreprecio en la oficina: Las sillas de los 357 mil pesos

La red de beneficios familiares no termina en la publicidad. El Ayuntamiento de Cuernavaca desembolsó 357 mil pesos por la compra de 55 sillas ejecutivas, lo que representa un sobrecosto del 51% respecto al valor comercial. Cada silla costó aproximadamente dos mil pesos más de lo que marca el mercado actual.

La compra fue asignada de forma directa a la empresa Incógnita Productions S.A. de C.V., cuyo vínculo apunta directamente a Israel Jiménez Ocampo, hermano del director de Comunicación Social, y a Cindy Zeltzin Pérez López, secretaria particular del alcalde José Luis Urióstegui.

Urióstegui se deslinda y defiende adjudicaciones

Cuestionado sobre estos hechos, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado se mostró visiblemente molesto e incómodo. A pesar de la evidencia documental, el edil sostuvo que en su administración "no existen compras entre familiares" y defendió el esquema de adjudicación directa, argumentando que el monto no superaba el umbral de los 800 mil pesos.

Mientras el alcalde remitía las responsabilidades a la Contraloría y a la Dirección de Adquisiciones, el propio Jorge Jiménez mantuvo una actitud intimidatoria contra la prensa durante la entrevista. Esta falta de controles evidencia una estructura diseñada para favorecer al círculo cercano del munícipe, quien asegura desconocer los manejos de sus colaboradores más íntimos.

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