Adriana Smith tenía 30 años, era enfermera, madre de un niño de siete y vivía en Georgia, Estados Unidos. El pasado 19 de febrero fue declarada con muerte cerebral tras sufrir coágulos en el cerebro. Sin embargo, su cuerpo continúa conectado a un respirador artificial. No es una decisión médica basada en posibilidades de recuperación, ni una elección tomada por su familia. Es una imposición legal.
Adriana estaba embarazada de apenas dos meses cuando fue diagnosticada con muerte cerebral. Desde entonces, los médicos se han negado a retirarle el soporte vital, argumentando que la ley estatal sobre el aborto prohíbe interrumpir el desarrollo del feto, considerado ya como persona desde que se detecta actividad cardíaca.
La ley por encima de la muerte
Desde 2019, la ley de Georgia prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de gestación, momento en que la ley considera que hay “vida humana” debido a la presencia de actividad cardíaca en el embrión. Aunque permite excepciones en casos donde la vida de la madre esté en riesgo, no contempla qué hacer cuando una mujer es declarada con muerte cerebral.
El vacío legal ha empujado al hospital a mantener a Adriana conectada, posiblemente por miedo a consecuencias legales. “Es una forma de protegerse ante una ley que no ofrece claridad”, explica David S. Cohen, profesor de Derecho en la Universidad de Drexel.
¿Y el bebé?
Mantener con vida al feto en un cuerpo sin actividad cerebral no es tarea simple. Requiere monitoreo médico constante, uso de medicamentos y múltiples intervenciones para compensar la falta de funciones autónomas del cuerpo. El estado actual del embarazo no ha sido revelado por el hospital.
La familia de Adriana enfrenta ahora una doble tragedia: el duelo anticipado por su muerte y la incertidumbre sobre el futuro del bebé que aún no nace. También enfrentan el costo de mantener este proceso, por lo que la madre de Adriana lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar 275 mil dólares, con los cuales espera cuidar tanto del futuro hijo como del niño de siete años que su hija dejó.
¿Hasta dónde puede llegar el control sobre el cuerpo femenino?
El caso ha desatado una ola de indignación no solo en Estados Unidos, sino en otros países. En redes sociales, miles cuestionan los límites de las leyes antiaborto y el poder del Estado sobre el cuerpo de las mujeres, incluso después de muertas.
Adriana Smith ya no está, pero su cuerpo sigue siendo campo de batalla legal, médico y político. La discusión que abre su caso es urgente: ¿cuánto vale la vida de una mujer en un sistema que legisla sobre su cuerpo incluso en la muerte?