Cuernavaca, Morelos.- Al menos 50 transportistas en la entidad mantienen adeudos críticos que alcanzan hasta los 15 mil pesos por concepto de derechos y obligaciones, acumulando en algunos casos más de cinco años de retrasos. Pese a este escenario de morosidad, el gremio ha solicitado formalmente al Gobierno del Estado la aplicación de descuentos fiscales del 50 por ciento para ponerse al corriente.
Dagoberto Rivera Jaimes, líder transportista, reconoció la existencia de este rezago importante. El dirigente justificó que, en diversas ocasiones, el incumplimiento se debe al fallecimiento de los titulares originales de las concesiones, lo que deja los trámites en un limbo legal por la falta de seguimiento de los familiares o procesos de sucesión inconclusos.
Según las estimaciones de su organización, el grupo de deudores no supera los 50 casos, con cifras que oscilan entre los 10 mil y 15 mil pesos. No obstante, la intención de los concesionarios en Morelos es acceder a programas de subsidios similares a los otorgados en años anteriores para reducir su deuda a la mitad.
Riesgo de perder la concesión
El panorama para los deudores es complicado, ya que la nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial es clara: aquellos que no regularicen sus pagos y mantengan un estatus de informalidad administrativa podrían enfrentar la revocación de sus concesiones.
Rivera Jaimes argumentó que muchos de estos casos responden a situaciones administrativas complejas y no necesariamente a una negativa de pago. Por ello, adelantó que buscarán una mesa de diálogo con las autoridades estatales para definir mecanismos de ayuda.
"Solicitaremos una reunión para definir cómo pueden ponerse al corriente los compañeros que tienen procesos de sucesión o desconocimiento de trámites", afirmó el líder gremial.
Exigencia vs. Cumplimiento
La postura del sector ha generado controversia, pues mientras persiste el incumplimiento prolongado de sus deberes fiscales, la exigencia de beneficios y condonaciones se mantiene como prioridad en su agenda. Los transportistas esperan que el gobierno estatal ceda ante la solicitud de subsidios fiscales para evitar que decenas de unidades queden fuera de la legalidad por falta de pago.