A pesar de haber recuperado su libertad debido a fallas en su detención, la excolaboradora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Cuernavaca aún enfrenta una acusación por el presunto robo de más de 50 mil pesos de recursos públicos, aseguró el alcalde de la ciudad, José Luis Urióstegui Salgado.
Aunque el procedimiento judicial tuvo un revés, las autoridades han aclarado que esto no implica su absolución del delito.
Según Urióstegui Salgado, el fallo judicial que permitió la liberación de la exfuncionaria se basó en la incorrecta aplicación de protocolos en su arresto, lo que llevó a que la detención no fuera considerada legal. Sin embargo, agregó que este hecho no exime a la exfuncionaria de su presunta responsabilidad en la sustracción del dinero, y el caso sigue en manos del Ministerio Público, que deberá presentar las pruebas necesarias para solicitar su vinculación a proceso.
Las investigaciones continúan, y aunque el alcalde de Cuernavaca ha reconocido que aún no se cuenta con una cifra exacta sobre el monto robado, se estima que la cantidad supera los 50 mil pesos.
Además, el caso se complica debido a los daños materiales provocados durante el presunto robo, lo que incluye la destrucción de puertas, ventanas y un archivero con documentos importantes.
La posibilidad de un acuerdo reparatorio aún no ha sido determinada, ya que el edil explicó que el caso presenta agravantes que podrían influir en la decisión del juez.
La gravedad de los daños y la forma en la que se sustrajeron los recursos han sido señalados como factores clave que deben ser analizados antes de considerar una posible conciliación.