Finalmente, el Congreso le concedió al fiscal Uriel Carmona Gándara, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, sin los alcances que la iniciativa original tenía, y que se les cayó a los del G-15 con la negativa de la diputada indígena, Macrina Vallejo, a emitir su voto, lo que provocó que la votación no alcanzara la mayoría calificada.
En la presentación del dictamen por el que se modificó la Ley Orgánica para crear la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos destacó la pertenencia de la reforma para cumplir con la sentencia en el juicio de amparo 997/2021-III que obligaba al Congreso a crear dicha área por mandato judicial y, evitar, que los legisladores incurrieran en desacato.
La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura también atiende el “mandato previo, claro y expreso contenido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, se refirió.
“La conformación de una Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura es una obligación nacional, internacional y judicial”, señaló el dictamen.
La persona titular de la Fiscalía Especializada será nombrada y removida libremente por el Fiscal General, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 78 de la mencionada Ley y demás normativa aplicable; y contará, conforme la suficiencia presupuestal, con los recursos humanos, presupuestales y materiales necesarios para su correcta operación, entre otros.
Los diputados incluyeron en la reforma otros conceptos considerados en el decreto que fue desechado con anterioridad, que no fueron publicitados, como la creación de la Fiscalía en materia de delitos de tortura, que tendrán que ser analizados para ver si no incurrieron en excesos en beneficio del fiscal Uriel Carmona y suyos propios.
Fue aprobada después de que el mismo fiscal acudió al Congreso un día después de la fallida votación y el Pleno garantizó el nombramiento de Blas Cuevas, al frente de la ESAF.
La reforma que no prosperó contenía:
La creación de la Fiscalía Especializada para Investigación y Persecución del Feminicidio, de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, y de las unidades especializadas en Análisis Financiero e investigación de Delitos Ambientales, entre otros temas, como el de la profesionalización de los elementos de investigación, así como otras facultades para el fiscal general, como la de designar directamente al titular de la Unidad de Control Interno, por ejemplo.