La calma se rompió en Los Ángeles tras una serie de redadas migratorias realizadas por agentes del ICE el viernes 6 de junio, provocando una ola de protestas y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. Las detenciones, realizadas sin órdenes judiciales, avivaron el descontento de la comunidad migrante, que se volcó a las calles para exigir respeto a sus derechos.
De acuerdo con el cónsul mexicano en Los Ángeles, 45 personas fueron detenidas, entre ellas 11 ciudadanos mexicanos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad estadounidense solo reconoció seis arrestos, lo que generó mayor incertidumbre y enojo entre los activistas.
Las protestas comenzaron en Los Ángeles, pero pronto se extendieron hasta Nueva York, donde manifestantes en Manhattan bloquearon calles, lanzaron objetos y enfrentaron a elementos de seguridad. Cinco personas fueron detenidas.
En respuesta, el gobierno federal ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. Al menos 300 elementos llegaron a Los Ángeles en la madrugada del domingo 8 de junio para controlar las movilizaciones, que ya habían incluido el bloqueo de la autopista 101 por parte de cerca de 2 mil personas. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes.
El presidente Donald Trump defendió su decisión y prometió que “Los Ángeles será libre”, mientras ordenaba medidas estrictas para detener lo que calificó como disturbios provocados por inmigrantes indocumentados.
La reacción fue inmediata: gobernadores demócratas condenaron el uso de la fuerza, calificando la acción como un abuso de poder. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no responder con violencia a la migración, y Kamala Harris denunció una agenda “cruel y calculada” para sembrar el miedo.
Las protestas continúan por tercer día consecutivo. Lo que comenzó como una redada se ha transformado en una batalla política y social por los derechos de los migrantes en suelo estadounidense.